Representantes del Consell y todos los alcaldes de Eivissa tuvieron hace unos días un encuentro con el director general d’Ordenació del Territori del Govern, Joan Mesquida, para reclamarle cara a cara que la nueva ley del suelo incluya toda la batería de medidas específicas urbanísticas que aprobó el PP en 2005 y que los progresistas derogaron a través de la ley 4/2008.
Los populares ibicencos han reclamado en innumerables ocasiones sin éxito la introducción de estas medidas, pero por una cosa o por otra, el Govern no ha accedido. Ahora quieren que se haga en el marco de la ley del suelo, que es una normativa que en realidad regula el suelo urbano y urbanizable y no entra en el rústico.
Entre otras cosas, el Consell pide que se permita legalizar viviendas en suelo rústico cuya infracción urbanística haya prescrito y no puedan ser demolidas. En esta situación hay numerosísimas casas en Eivissa y algunos cálculos indican que son alrededor de mil. También solicitan que se puedan ampliar viviendas en zonas donde está prohibido. Asimismo, quieren que se pueda autorizar la agrupación de edificaciones en suelo rústico si ello contribuye a la reducción del impacto sobre el territorio y además quieren que la zona de protección de costas cuente a la hora de contabilizar la superficie mínima para construir una vivienda.
6 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
Que sean los mismos administradores de nuestros municipios los que piden la legalización de las irregularidades e ilegalidades de las viviendas que ellos mismos han permitido tiene tela! La verdad es que ya tardaban y ponían en peligro sus amistades, relaciones familiares y demás prebendas recibidas durante tanto tiempo. El sistema es siempre el mismo. Tú construye donde y como quieras que yo, que soy el que te lo debe impedir, haré la vista gorda y esperaremos hasta que prescriba. ¿Y si durante este tiempo hay alguna denuncia del vecindario? Pues el expediente se retrasa y duerme en el limbo hasta su prescripción.
El asunto es verdaderamente serio: tras 30 años de inacción en el control urbanístico ("si nadie te denuncia, tú haz") los casos que no se pueden legalizar ni demoler son innumerables. Se compran y se venden propiedades enteramente ilegales, de varios millones de euros, ampliados varias veces, porque nadie (ningún político responsable) se encargó en ocho años de cumplir su obligación de defender la Disciplina legal. La ley actual es muy clara en estos casos: no se puede ordenar la demolición, si pero no puede realizarse ninguna obra, ninguna de ningún tipo, y por lo tanto, con el requerido control, las construcciones ilegales están condenadas a caer...de esas 1000 casas, puede que haya varios cientos que cada año han ido añadiendo, modificando, reformando, reforzando...y estas obras puede que no hayan prescrito
Yo propongo: de acuerdo, legalicen las viviendas, pero penalicen a todos los responsables políticos que durante esos 8 años de ilegalidad no han hecho nada por solventarla. En 6 meses acabamos con la crisis...
Porque cuando pasan más de 8 años desde que cometes una infracción urbanística, ésta prescribe. Como ocurre con un delito.
¿Y por qué no se pueden demoler?
Y encima les damos un premio a los infractores. POLITICOS CHORIZOS E INCOMPETENTES