Imagen de la reunión de Delgado y Gómez con los representantes de los Consells. | Joan Torres

El Govern balear dejó ayer la puerta abierta a un cambio mínimo en la Ley General Turística: aunque el texto se mantendrá tal como está, cada isla podrá modificar la tipología de los alquileres adaptándolos a su plan territorial.

Después de la reunión mantenida por el vicepresidente Gómez y el conseller Delgado con representantes de los consells y los ayuntamientos, el titular de Turisme dijo que aunque ayer se había decidido no modificar la Ley de Turismo, si en algún momento alguna de las islas decidiera cambiar la tipología de los alquileres podría hacerlo, puesto que «la línea del Govern ha sido siempre la de respetar las particularidades de cada isla», añadió.

Aclaró que tanto el Consell de Eivissa como el de Formentera se habían manifestado «rotundamente» en contra de modificar el sistema, mientras que los otros dos consells no habían descartado estudiar una modificación.

Esta decisión, por lo que se refiere a Mallorca, es más teórica que otra cosa ya que la presidenta de la institución, Maria Salom, ni tiene ni quiere la competencia en ordenación turística. Ayer lo reiteró al salir de la reunión.

Una reunión que no se prolongó demasiado y en la que Gómez y Delgado explicaron que se había montado una polémica ficticia en torno al alquiler de viviendas para usos turísticos.

Polémica fictícia

En opinión de Delgado, en torno a este asunto se ha generado una confusión y polémica innecesarias y precisó que la Cámara de Comercio de Mallorca está a favor de la regularización de este tipo de alquileres, mientras que la de Ibiza se ha mostrado en contra. El conseller dio una pista sobre cuál será el final de esta polémica: apuntó que actualmente los inspectores turísticos «están más ocupados en regularizar las plazas hoteleras que en realizar controles en los arrendamientos de viviendas vacacionales, que se llevan a cabo en cuanto hay denuncias de los vecinos».

Delgado, durante la reunión y luego en una comparecencia ante los medios, mantuvo que ni la Ley General Turística ni la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) habían cambiado los criterios que «siempre» se han aplicado en Balears.

Insistió en que cualquier persona puede alquilar un piso, «por el tiempo que quiera», según la LAU. «Lo que es ilegal es que se ofrezcan servicios turísticos», mantuvo.

La clave, y lo que queda sin despejar y mantiene abierta la polémica, es de qué modo se pueden publicitar esos alquileres de plurifamiliares, que quedan fuera de la ley. Teóricamente no se pueden comercializar a través de webs turísticas ya que «sería ilegal».

Y ahí es donde Aptur-Balears, la asociación de apartamentos turísticos de las Islas, quiso dejar oír su voz.

Juan Estarellas, presidente de la asociación, indicó que estaba satisfecho de las «precisiones» del conseller, en el sentido que todo continuaba igual, pero le instó a que concretara «qué pasa con la promoción y qué tipo de servicios se pueden dar».

Para esta asociación, ése es el ‘quid' de la cuestión.

En cuanto a los partidos, el PSIB mantiene lo que expresó el día anterior a través de Jaume Carbonero y Bel Oliver. Dijeron que mantienen su decisión de interpelar al conseller cuando se reanude la actividad parlamentaria y que presentarán propuestas «para que el PP se retrate». Forzarán una votación.

También Proposta per les Illes, el PI, hizo pública su posición: dijo que la norma «perjudica a los intereses de Balears» y que «la inmovilidad del Ejecutivo ante esta cuestión hace que estos arrendamientos de temporada queden en una situación jurídica de gran inseguridad».

El PI insta al Govern a «reflexionar» sobre que la normativa balear de turismo que sólo prevé que se puedan alquilar casas unifamiliares aisladas o aparejadas y destacó que hay estudios que señalan que el turismo residencial podría suponer alrededor del 20 % de los turistas.

Una solución, según el partido que preside Jaume Font, sería que se establezcan plazos máximos en función de las habitaciones o superficie de la vivienda para evitar la masificación y que se incorpore un sistema de calidad del producto con un plan de modernización temporalizado.