CONCENTRACIONPOR EL DERECHO A LA VIVIENDA, ORGANIZADO POR LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA

Imagen de archivo de la protesta por la vivienda digna en Eivissa.

María José Real19/04/13 0:00
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Encarna Martínez trabaja como camarera de pisos y en 2006 compró un piso con el que entonces era su marido solicitando un préstamo hipotecario al BBVA de 296.000 euros. En esa casa del barrio de Cases Barates de Eivissa vivían ella, su ahora exmarido y sus dos hijos. «Al principio teníamos una letra de algo más de 600 euros, que con los intereses se ha ido incrementando. Mi hijo hace dos años que se marchó al extranjero a trabajar porque aquí no encontraba nada. Mi hija, que vive con nosotros, conoció a una pareja, que también se vino a vivir a casa, y tuvieron cinco hijos», explica Encarna Martínez, quien cuenta que, cuando vieron que la letra empezaba a incrementarse, pidieron una refinanciación de la hipoteca.

Debido a la delicada situación económica, ella y su marido se separaron y, en la actualidad, viven en la casa su hija, la pareja, su exmarido y sus cinco nietos. «Trabaja mi hija, que tiene un sueldo de algo más de 400 euros, y mi exmarido y la pareja de mi hija muy de vez en cuando», explica.

La notificación
Hace algo más de un año les llegó la primera notificación de desahucio por parte del BBVA. «Este lunes nos ha llegado la última. Estoy preocupada por mis hijos y mis nietos, ¿a dónde irán?», se pregunta angustiada Encarna, quien precisa que el BBVA está al corriente de la delicada situación familiar, pero pese a ello les reclama 350.000 euros de la hipoteca y los intereses de demora. «No tienen dónde irse. Si nos quitan el piso queremos que nos quiten la deuda y que alguien nos ofrezca un alquiler o algo», precisa Encarna. Asegura que «van tirando» con la ayuda de Cáritas, asuntos sociales y algunos amigos.

Fue precisamente en asuntos sociales donde le pusieron en contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Eivissa (PAH Eivissa), que en la actualidad se encuentra estudiando su caso: «Lo intentaremos frenar mediante un recurso en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y porque puede que haya un defecto de forma en cuanto a la notificación en sí», explicó Aitor Morrás, portavoz de la PAH Eivissa, quien recuerda con este caso que los desahucios en las Pitiüses «siguen existiendo».