El Ayuntamiento de Eivissa que dirige Marienna Sánchez-Jáuregui (PP) ha gastado cerca de 60.000 euros en tres informes externos para ratificar la legalidad de la estación de autobuses Cetis, legalidad que ya certificaron los técnicos municipales en septiembre del año 2011. En aquella fecha los informes emitidos por el propio Consistorio confirmaban que dicha instalación cumplía el listado de observaciones que en 2009 impuso la comisión de actividades clasificadas del Consell d'Eivissa como condición para la concesión de licencia, así como la normativa urbanística aplicable.

Ante las presiones de los transportistas (contrarios a las tarifas que deben de pagar por usar la estación) y las dudas que han provocado al Consell, desde septiembre de 2011 el equipo de gobierno de Sánchez-Jáuregui ha encargado tres informes externos: uno a un experto de transportes de la Universidad Politécnica de Madrid sobre el cumplimiento técnico y legal de la estación; un segundo informe sobre las tarifas de explotación que concluía que la concesión de la empresa Sagalés podría ser nula de pleno derecho; y un tercero encargado a un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona que descarta las conclusiones del segundo informe y que confirma que el Ayuntamiento puede abrir la estación de autobuses sin permiso del Consell. El gasto medio de cada uno de estos informes ronda los 20.000 euros.

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