L. Aversa20/11/12 0:00
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El concejal de Urbanismo de Sant Antoni, José Torres, aseguró ayer que el informe jurídico elevado al Govern para que depure responsabilidades por lo que considera una actuación «desleal» del secretario municipal, Joaquín Granero, fue encargado por la propia alcaldesa Pepita Gutiérrez «a título particular» a un asesor externo y «sin ningún coste» para las arcas de Sant Antoni. «La alcaldesa se ha asesorado con alguna persona de su confianza y ha remitido al Govern balear este escrito para que abra un expediente. Y si lo que preocupa es si ha tenido algún coste para el Ayuntamiento, no ha tenido ninguno», insistió el edil.

Disculpas públicas

Torres se refirió así al informe jurídico elaborado contra el secretario porque éste dio su conformidad a la concesión de la licencia urbanística solicitada por el exconcejal de Deportes Vicent Cabezas, en la junta de gobierno del 29 de junio de 2012 y, un mes más tarde, el 26 de julio, incluyó en el mismo expediente otro informe declarando nula e ilegal la licencia, sin comunicarlo a alcaldía o a él, como concejal responsable de Urbanismo. «Si nos hubiera dicho algo no habría expediente», agregó Torres.

Por su parte, el grupo municipal de PSOE-Pacte anunció ayer que presentará en el próximo pleno una moción contra lo que considera una «persecución» iniciada por la alcaldesa, Pepita Gutiérrez, «contra el secretario municipal, por el hecho de que el funcionario informó contra la concesión de la licencia urbanística irregular a uno de sus regidores de gobierno», anunció el grupo municipal.

La moción propone que el pleno acuerde «la retirada de la petición de apertura de expediente disciplinario» remitida al Govern balear y propone que el pleno del Ayuntamiento «pida disculpas públicas al secretario por haber puesto en entredicho su honestidad y profesionalidad como funcionario en su tarea de velar por la legalidad de los actos administrativos».

El portavoz de PSOE-Pacte, Pep Marí Marge, recordó que el secretario «tiene las funciones de control de legalidad de la gestión administrativa» y aseguró que «ha sido precisamente por haber desarrollado correctamente las funciones de hacerla cumplir que este equipo ha empezado a perseguirlo».

Para el concejal progresista, «no se puede permitir que un gobierno municipal persiga la figura de un funcionario público por el simple hecho que este informe negativamente a un acto administrativo acordado por los responsables políticos». Por último, afirmó que esta «persecución no tiene ningún fundamento jurídico que lo avale».

El equipo de gobierno prepara su defensa ante Fiscalía de Eivissa
Esta solicitud de apertura de expediente al Govern formará parte de la defensa del equipo de gobierno ante Fiscalía de Eivissa, una tarea que lleva a cabo el vicesecretario de la Corporación, Ángel Navarro. Cabe recordar que el grupo municipal PSOE-Pacte denunció la licencia ante el Ministerio Público, que ya ha abierto una investigación por el caso.
En su denuncia, los progresistas acusan exconcejal de Deportes de Sant Antoni, Vicente Cabezas [que renunció al permiso y dimitió a raíz de todo este asunto] de haber hecho obras ilegales y al equipo de gobierno por conceder el permiso.