Redacción LocalEivissa14/11/12 0:00
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La pala por fin lanzó su imparable empuje sobre paredes y techos de los locales comerciales que ocuparon el lugar de Ca ses Castellones, en Sant Ferran. Después de que los operarios de la empresa adjudicataria de las labores de demolición retiraran aquellos elementos recuperables de un centro comercial que jamás abrió al público llegó la tarea de las máquinas pesadas, que ayer descubrieron las interioridades de los edificios. Desde primera hora de la mañana la pala empezó a desmenuzar las construcciones, culminando así un calvario judicial y político que está aún lejos de finalizar por más que se haya ejecutado la sentencia, porque en el aire está aún si los promotores tendrán derecho a una indemnización y de qué cuantía será ésta.

Como se recordará, el proceso de derribo es cumplimiento de la sentencia judicial de 4 de febrero de 2009, «que obliga a la reposición de las cosas a la realidad anterior a la ejecución de las obras». Las obras han sido contratadas por el Consell de Formentera, una vez que se reclamó a la propiedad la demolición de los tres edificios sin que ésta se hiciera cargo. Subsidiariamente es obligación del Consell el devolver el terreno a su estado anterior. Las obras son ejecutadas por la empresa Construcciones y Excavaciones Erri-Berry S.L. por un importe de 83.038,77 euros.

Desde 2005

En abril de 2005, con el PP-GUIF-PREF en el poder, se otorgó una licencia urbanística a esta entidad empresarial para ejecutar un proyecto, que consistió en la demolición de la casa pagesa de Ca ses Castellones y en la posterior edificación de varios locales comerciales en esta zona de Sant Ferran, sin tener en cuenta que existía una protección del entorno historico-artístico de la iglesia.

Un arquitecto, Salvador Roig, denunció el proceso y finalmente el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón al considerarse que para que la licencia pudiera prosperar el equipo de gobierno existente en 2004 en el Ayuntamiento de Formentera tuvo que desistir del PEP, Plan Especial de Protección de Sant Ferran, un instrumento urbanístico preceptivo para autorizar nuevas edificaciones en conjuntos históricos.

El actual gobierno insular, de GxF-PSOE, señaló en este último tramo legal que se llevaron a cabo todas las acciones legales al alcance de la institución para evitar los daños patrimoniales derivados de la anulación de una licencia urbanística de este tipo y que podrían recaer sobre el pueblo de Formentera.

Indemnizaciones

«Este equipo de gobierno ha realizado todos los pasos legales para evitar la responsabilidad patrimonial que puede derivarse de esta demolición porque consideramos que es grave para la institución y para el pueblo de Formentera porque puede ser muy dura y por eso se han dado todos los pasos para evitarlo. Aún así, ya ha sido solicitada [la responsabilidad patrimonial] por la promotora», indicó ayer Bartomeu Escandell. Para el denunciante, los pasos seguidos, tanto por el equipo de gobierno que lo permitió como del actual, merecen una reprobación, por lo que recientemente pidió dimisiones.