El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha estimado el recurso contencioso administrativo presentado por la empresa Aqualia, que reclamaba una prórroga para seguir gestionando el servicio municipal del agua en la ciudad de Eivissa. La empresa continuará con este servicio hasta el año 2015, fecha en la que se rescindirá el contrato y se procederá a una nueva adjudicación.
Este fallo revoca una sentencia anterior que confirmaba el acuerdo adoptado por el pleno del Consistorio el 22 de julio de 2010, mediante el que se imponía a la contrata una prórroga forzosa.
Aqualia interpuso un recurso contencioso administrativo al entender que, vencidos los 20 años de contrato de servicio que estableció con la Corporación en 1990 y sin que ninguna de las partes renunciara expresamente a que la relación contractual continuara, el acuerdo se prorrogaba tácitamente otros cinco años más. El equipo de gobierno anterior (PSOE-ExC) decidió no contemplar este extremo mediante el acuerdo que elevó a pleno para su posterior aprobación.
«Acertada decisión»
Ayer, la alcaldesa de Eivissa, Marienna Sánchez-Jáuregui, indicó que, cuando su Ejecutivo accedió al gobierno de Vila, existía una nueva contrata de agua que se había licitado y que estaba a punto de adjudicarse. Sobre esta cuestión, la primera edil recordó que Aqualia no participó en el proceso porque entendía que automáticamente se había prorrogado el servicio durante cinco años más.
Sánchez-Jáuregui consideró ayer que fue «acertado» su criterio, avalado por su equipo de gobierno, al parar la contrata «hasta que se aclarasen diversos aspectos poco claros del pliego de contratación». «Si se hubiera adjudicado a alguna empresa de las que licitaban, en este momento y en cumplimiento de esta sentencia, el Ayuntamiento tendría una carga económica más, puesto que tendría que indemnizar a la empresa adjudicataria. De esta manera, los costes de las empresas que han licitado serán mínimos», resaltó.
La alcaldesa no descartó hacer una nueva contrata «pero con el tiempo suficiente, es decir, con un año de antelación». En el próximo pleno se desistirá de la contrata actual, en cumplimiento de la sentencia del tribunal.
Indemnizar a las otras empresas
Sobre las posibles indemnizaciones que habrá que pagar a las otras empresas que se presentaron al concurso público y que ahora queda suspendido, la alcaldesa dijo que éstas «sí podrían reclamar los gastos administrativos que hayan tenido durante el proceso, aunque la cantidad no será muy importante. Hubiera sido mucho peor si se hubiera adjudicado el nuevo servicio. La responsabilidad patrimonial va a ser mínima», manifestó.
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