V. Malagón / S. CarbonellPalma17/09/12 0:00
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El Tribunal Superior de Justicia avala el recorte de liberados sindicales ejecutado por el Govern. En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza sendos recursos planteados por los sindicatos contra la medida. La conclusión judicial es que la falta de recursos económicos de la administración justifica que se anulen los acuerdos que habían contraído los representantes de los trabajadores y el ejecutivo autonómico.

«En la realidad económica actual tales derechos y beneficios no son económicamente sostenibles», señala la sentencia. El recorte que afectó a la representación sindical en la función pública se ejecutó a través de la suspensión de un acuerdo que habían alcanzado el Govern y los sindicatos en 2006. Éste, a juicio del TSJ supone una mejora por encima de lo estrictamente legal. «La suspensión de la aplicación de esos beneficios pactados en aras a conseguir un equilibrio de los ingresos y gastos con la consiguiente reducción del déficit público, en tanto que respeta la ratio fijada en la norma, no supone como el sindicato recurrente pretende una vulneración del derecho fundamental de libertad sindical».

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En el recurso de los sindicatos se mantenía que en el sector público de Balears hay 196 representantes sindicales para un total de 31.500 empleados, es decir, uno por cada 160 trabajadores. Según señalan, en el sector privado hay en proporción cuatro veces más representantes sindicales que en la administración: 7.348 para 300.000 empleados. Para el TSJB, «lo que importa» en este caso es si los sindicatos pueden ejercer su actividad según lo que disponen las leyes, algo que considera suficiente con el recorte, dado que se eliminan unos ‘extras' de 2006.

El fallo judicial en algunos momentos hace una ardorosa defensa de los recortes en el sector público: «El sector público ha de ser especialmente cuidadoso con el gasto que genera que es a costa de los contribuyentes, y cuando ese gasto es superior a los ingresos, como ocurre en la actualidad debido al drástico descenso e ingresos tributarios, obviamente ha de adaptarse y amoldarse a la situación». Más adelante recuerda a los sindicatos que: «Los sacrificios que se exigen a los ciudadanos para superar la crisis que padecemos afectan a todos los ámbitos de la sociedad, sin que pueda predicarse exclusión alguna».

El TSJB también rechaza otro de los argumentos de los sindicatos, el de que el Govern había violado un acuerdo previo. El tribunal señala que no se trata de un pacto establecido en un convenio colectivo y que, en todo caso, «solo podría exigirse en la actualidad si existieran recursos presupuestarios suficientes, lo que no sucede como es notorio».