Uno de los agentes cívicos, contratado por los hoteleros. Serenos en Sant Antoni . | ANA ISABEL GARRIDO SANCHEZ

El director insular de la Administración del Estado, Rafael García Vila, aseguró ayer que el servicio de vigilancia privada contratada por la Asociación Hotelera de Sant Antoni y Bahía «es totalmente ilegal» porque «va en contra de la Ley de seguridad ciudadana». «La vigilancia privada se puede poner de la acera hacia adentro, en un establecimiento o en un domicilio, pero no en la calle», afirmó el representante del Gobierno en las Pitiüses.

El servicio de vigilancia privada que 43 hoteleros del núcleo urbano pusieron en marcha hace un mes para cuidar de sus establecimientos y patrullar las calles del casco urbano fue interrumpido en la noche del jueves después de que la Policía Nacional levantara acta y tomara declaración a la empresa responsable y le aconsejara dejar de cumplir esta función.

La misma, según adelantó Ultima Hora Ibiza y Formentera, era llevada a cabo por cuatro vigilantes de la empresa bautizados como «agentes cívicos», «serenos» o «ciudadanos ejemplares» que daban apoyo a los hoteles de la zona y hacían rondas de vigilancia por las calles aledañas de los establecimientos, entre las 00,00 y las 7,00 horas, llamando la atención sobre comportamientos incívicos o a la policía en caso de ver ilegalidades.

Ahora, el director insular está «pendiente de un informe de la Policía para elevarlo a la Delegación de Gobierno», aunque, según indicó, no fue el encargado de dar la orden para quitar de las calles esta iniciativa, apoyada a viva voz por la alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez. «No es un cosa que se tenga que dar la orden, es por ley, y la Ley de seguridad ciudadana está establecida así», insistió García Vila.

Los hoteleros integrados en la asociación de Sant Antoni se mostraron ayer «muy mosqueados» porque este proyecto, que creen bueno ante la falta de más efectivos de fuerzas de seguridad que mantengan el orden público, se ha visto perjudicado porque «se ha politizado mucho».

Se podría restablecer

El vicepresidente de la asociación, Juanjo Planells, explicó que el servicio no se ha retirado sino que está «interrumpido» a la espera de solucionar «algunos flecos». «Entendemos que se podrá restablecer», afirmó, y expresó su deseo de que sea así en los próximos días.

Planells defendió que los vigilantes «van de establecimiento en establecimiento». «Y claro que van por la calle y si ven algo actúan como un ciudadano, pero no detienen ni persiguen a nadie», insistió.

Las críticas de la oposición porque la alcaldesa, Pepita Gutiérrez, haya apoyado este servicio no se hicieron esperar. «Aplaudimos la iniciativa privada, en este caso de los empresarios de hostelería, que han contratado a estos bien llamados agentes cívicos que con su presencia en nuestras calles colaboran y ayudan a los turistas a disfrutar mejor de su estancia en nuestro pueblo», aseguró Gutiérrez en su facebook.

Para PSOE-Pacte, la alcaldesa «no se merece seguir en su puesto porque ha metido la pata hasta el no va más». «Le exijo que se vaya, no está capacitada para ser alcaldesa después de cubrir una cosa que era ilegal a todas luces», criticó el portavoz del grupo municipal Josep Marí ‘Marge'.

Según el concejal de Nova-A, Juan Torres, «el equipo de gobierno ha mostrado su incompetencia al apoyar una actuación que parece ser ilegal y que sentaba un precedente muy peligroso porque había que recurrir a los particulares para garantizar la seguridad, cuando debe hacerlo el Estado».

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Antoni, en una escueta nota de prensa, se limitó a asegurar que «tiene constancia de que se continúa con la contratación de este servicio» que, insistió, «es de iniciativa privada».