Para Jáuregui, el escrito de la interventora «es absolutamente riguroso», excepto por el apartado número 7, que «ha sido desafortunado». «Ella ha querido poner de manifiesto que si Imvisa se hubiera gestionado bien no estaríamos en esta situación y lleva toda la razón, pero no puede llamarnos negligentes. Primero porque llevamos un año y esto no viene de ahora. Habremos podido ser más o menos ágiles pero estamos intentando afrontar una situación muy difícil, heredada», agregó, aunque rechazó adoptar medidas contra la interventora porque «no lo hizo de mala fe».
El informe fue elaborado con motivo de la renovación de un préstamo de Imvisa de 3,5 millones de euros que deberá avalar el Ayuntamiento de Eivissa. Entre sus puntos, además de pedir que Vila reduzca «a la mínima expresión los gastos de funcionamiento» de Imvisa, que de hecho se va a disolver a raíz de este escrito, la interventora cuestiona el objetivo de la creación de la empresa pública en 2004 bajo el gobierno de Xico Tarrés. «Si en el momento de constituir Imvisa se consideró que la construcción y venta de viviendas era constitutivo de interés general, lo cuál a juicio de esta Intervención es una competencia impropia de un municipio, a día de hoy el interés general se cifra en que los vecinos de Eivissa contribuyan en la menor medida posible a soportar las consecuencias de la gestión económica de Imvisa», remarcó en su informe.
Por otra parte, Jáuregui criticó que la interventora recomiende que Imvisa «cuente con asesores independientes» y profesionales encargados «de vigilar el interés público». «Imvisa es el Ayuntamiento y el Ayuntamiento es el que tiene que afrontar esta responsabilidad con los asesores que estime oportuno», concluyó.
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