L. AversaEivissa06/06/12 0:00
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El sindicato CSI-F Pitiüses, mayoritario en las instituciones públicas, ha enviado un mensaje a los funcionarios del Consell y ayuntamientos «para que tengan calma» porque el decreto del Govern que abre la puerta al incremento de horarios y a la suspensión de complementos retributivos, «no es de aplicación inmediata, ni directa, ni exacta» en las administraciones locales. «Y lo que se tenga que hacer, si se tiene que hacer, tiene que pasar por mesa de negociación», destacó el secretario general del sindicato Ramón Taboada, quien advirtió que «hoy por hoy» las administraciones locales no están obligadas a aplicar el decreto, que sí afecta a los funcionarios dependientes del Govern, tanto de la administración general como de los sectores sanitario y educativo.

Es más, según Taboada, entre las administraciones locales hay dos ayuntamientos «que si no se ven muy obligados a tomar medidas no las van a tomar». «Y esa obligación hoy por hoy no existe», insistió el dirigente sindical.

Estos consistorios concretamente son Vila y Santa Eulària, cuyos servicios jurídicos están mirando con lupa el decreto para conocer cuál es la obligación real y el nivel de aplicación que deben adoptar ya que, por ejemplo, en el caso de la Villa del Río, si pueden evitar adoptar las medidas del Govern lo harán. Según explicó un portavoz, el decreto para este Consistorio «no es imprescindible» porque Santa Eulària «está funcionando bien por ahora». «Y ahorrar dinero nunca viene mal pero según a costa de qué, prefiren no hacerlo», informó.

Más de los mismo ocurre en los otros ayuntamientos como es el caso de Vila donde también se está estudiando el decreto para medir su alcance real. De todas formas, ya se ha descartado que a los trabajadores de este Consistorio se les vaya a aplicar las mismas medidas que el Govern prevé para sus funcionarios. En este sentido, cabe destacar que los alcaldes y alcaldesas de la Isla se reunieron ayer con el presidente del Consell, Vicent Serra, donde acordaron unificar criterios para adaptarse al decreto de forma coordinada.

Por otra parte, según insistió Ramón Taboada, los abogados del sindicato están elaborando un informe sobre las nuevas medidas ya que «podría haber un artículo que incluso podría ser anticonstitucional». «Nosotros no vamos a decir que no se aplique el decreto, vamos a decir bien claro que los funcionarios no tienen que ser ni los primeros en pagar la crisis ni los únicos. La situación es caótica y si hay que bajar sueldos, a ver, que se bajen el sueldo los políticos y proporcionalmente nos lo bajaremos nosotros», destacó Taboada.

Cabe recordar que el decreto implica la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas; la suspensión de las oposiciones en sanidad y educación, y la eliminación de complementos retributivos de productividad y servicios extraordinarios, entre otras medidas.