Fiscalía pide dos años de prisión para el constructor y el propietario de una casa en ANEI

La Fiscalía de Eivissa solicita una pena de dos años y tres meses de prisión y una multa de 30.000 euros tanto para el constructor como para el promotor de las obras (hijo del propietario del terreno) de una casa construida de forma ilegal en un terreno calificado como Área Natural de Especial Interés (ANEI) en Sant Joan.
Según la Fiscalía, ambos convirtieron un almacén de 63 m2 en una vivienda de nueva planta. Ampliaron la planta baja unos 20 metros y construyeron una superior de 55 m2.
Para ejecutar las obras no solicitaron ni obtuvieron ninguna licencia. La finca en cuestión está situada en un paraje llamado Puig d'en Mayans, de una superficie de 45.244 m2, sobre la cual ya se asienta otra construcción destinada a vivienda con una superficie de 346 m2. La finca está situada en es Amunts, en una zona calificada como ANEI y Área de Protección de Costas.
Las obras se realizaron entre 2006 y 2007 y la Fiscalía recuerda que según lo que dice el Plan Territorial Insular (PTI), la finca en cuestión está situada en suelo no urbanizable, ya que en ANEI se necesitan 50.000 m2 para construir.
Por eso considera que la construcción de esta vivienda constituye un delito contra la ordenación del territorio por haberse llevado a cabo en una zona «no autorizada» en un lugar con un «valor paisajístico y ecológico» penado en el artículo 319-1 y 3 del Código Penal, en relación con la LEN y el PTI.
La Fiscalía también considera que existe una «imposibilidad absoluta» de legalizar esta vivienda, por lo que solicita la demolición de lo construido a costa de los acusados, ambos de nacionalidad francesa. El derribo ha sido valorado provisionalmente en 150.000 euros y deberán dejar el terreno en su estado primitivo. Los acusados responden solidariamente del coste de dicha demolición y subsidiariamente el propietario de la finca.
El juicio se tenía que llevar a cabo esta semana, pero finalmente se suspendió y será fijado para dentro de unos meses.
Como testigos la Fiscalía solicita la citación de dos agentes de la Guardia Cvil y el arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Sant Joan. También acuerda el embargo de varios inmuebles y bienes suficientes para cubrir la cantidad de 150.000 euros que cuesta el derribo.