L. Aversa23/03/12 0:00
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El equipo de gobierno de PP y Nov-A ya cuenta con el informe jurídico destinado a rechazar las alegaciones al presupuesto que presentaron tanto el grupo de PSOE-Pacte como una funcionaria de la casa que recurrió ante la amortización de su plaza, y que, por el momento, mantienen paralizada la ejecución presupuestaria.
El informe externo desestima las alegaciones de la oposición, aunque «no justifica nada ni dice en base a qué las rechaza», criticó ayer el portavoz de PSOE-Pacte, Josep Marí Ribas Agustinet. Así se refirió a una de las objeciones que presentó la oposición, que denuncia que se incumple la ley de estabilidad presupuestaria, que limita la contratación de personal.
En este sentido, para PSOE-Pacte, el equipo de gobierno «ha aumentado la partida de personal cuando no puede». «Y con un argumento muy complicado, el informe dice que lo que no aumenta es la masa salarial, que son los funcionarios, porque amortizan tres plazas. Pero sí aumentan las partidas correspondientes a las retribuciones de los políticos y, de hecho, si se suma todo, la partida de personal aumenta más de cien mil euros», destacó el portavoz, que criticó que el informe dice que se cumple el decreto porque éste «se refiere a funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento». «Evidentemente es un informe de parte y se podría buscar uno que diga todo lo contrario. Pero al final, suponiendo que tengan razón en esta cuestión semántica de la masa salarial, lo que queda demostrado es que bajan el sueldo a los funcionarios para dárselo a los políticos y a los cargos de confianza, y esto no es que tenga una lectura muy positiva», agregó.
Agustinet aseguró que no puede anticipar si su grupo recurrirá los presupuestos ante el contencioso administrativo, y que para ello, esperarán a tener más detalles en la comisión informativa y en el pleno de la semana que viene.
Aún así, es previsible que la funcionaria que presentó alegaciones por la amortización de su plaza sí recurra, razón por la cuál, el Consistorio encargó este informe jurídico externo.
El equipo de gobierno de Sant Josep no quiso hacer ningún comentario ayer al respecto y emplazó al tratamiento de este tema al próximo pleno municipal.