Bauzá, en un momento de su intervención, observado por Jaime Mayor Oreja. | Teresa Ayuga

«Una persona que es corrupta nunca puede ser de los nuestros». Así de tajante se mostró ayer el president del Govern en el foro organizado en Palma por el Partido Popular Europeo (PPE), en el que Bauzá participó en una mesa sobre la corrupción. Junto al president, participaron el presidente de la delegación española del PPE, Jaime Mayor Oreja, quien puso a Bauzá como modelo de la lucha contra la corrupción y de quien destacó su «talla moral». En la mesa también intervino Monica Luisa Macovei, eurodiputada y ex ministra de Justicia de Rumanía.
Bauzá se mostró inflexible durante su intervención y aseguró que, si bien la corrupción no puede evitarse, «sí podemos actuar garantizando que, quien la hace, la paga».


Balears, en el mapa


José Ramón Bauzá reconoció que Balears ha sido un foco de corrupción política en los últimos años, pero recalcó que el PP de las Islas ha tomado medidas para evitar que se repitan situaciones semejantes. «Los políticos debemos ser inflexibles y radicales con la aplicación de medidas penalizadoras», añadió el president.

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«No podemos proteger a los corruptos, pero mucho menos en el escenario actual», señaló Bauzá, quien afirmó sentirse preocupado y dolido por el hecho de que los ciudadanos «quieran meternos a todos los políticos en el mismo saco». «A un partido político se viene con vocación de servicio porque esto es un oficio y no una profesión», afirmó el president del Govern.


En su intervención, mostró su preocupación por el hecho de que los políticos y la clase política en general sean el tercer problema en importancia para el 19 por ciento de los españoles, según el último barómetro del CIS. «El administrado debe creer en el administrador, porque somos servidores públicos y personas que, de forma voluntaria y temporal, nos ofrecemos a trabajar por los ciudadanos».


Coste de la corrupción


La eurodiputada Macovei, por su parte, aseguró que la corrupción cuesta a los ciudadanos europeos más de 120.000 millones de euros al año y señaló que los delitos de corrupción suponen una auténtica amenaza para la cohesión europea. Reclamó una legislación más dura en la UE, como la confiscación de bienes de los corruptos.