El PP valida el decreto urbanístico y la izquierda critica que se podrá construir «sin límites»

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient y Ordenació del Territori, Biel Company, negó que con la nueva normativa se beneficie al infractor y se produzca una «desregulación salvaje». De hecho, remarcó que en comunidades no gobernadas por el PP como Catalunya y Andalucía se han hecho leyes similares para legalizar los asentamientos y edificaciones. Aseguró que con esta nueva normativa se da más agilidad y se eliminan las dificultades de los ayuntamientos para revisar sus planeamientos, además de que «se garantiza la seguridad jurídica». También dijo que como conseller «defiende el territorio» y pidió que «no hagan demagogia los que nunca han plantado un árbol ni han cuidado la tierra». Company tendió la mano a la oposición para consensuar: «Si hay grietas las taparemos entre todos», añadió el conseller, que cree que quizás el problema es que el decreto se ha leído pero no se ha entendido.

Benirràs y ses Variades

Jaume Carbonero, diputado del PSOE, criticó que la disposición transitoria primera abre la puerta la proliferación de falsos urbanos, ya que permite que lo sean los que estén consolidados en dos terceras partes. Asimismo, arremetió contra la conversión en urbanos de los asentamientos rurales. En este punto, Carbonero entiende que en virtud de ello se convierten en urbanas las urbanizaciones desclasificadas por ejemplo por la ley 4/2008, entre las que estarían las de Benirràs y Roca Llisa. Pero advierte de que hay otras y no quiso decirlas para «no dar ideas».

El socialista también lamentó que el decreto provoca una «grave inseguridad jurídica» e importantes problemas de interpretación. Y puso como ejemplo el caso de ses Variades en Sant Antoni. «El Ayuntamiento no se aclara, no sabe qué regimen urbanístico tienen», añadió Carbonero.

También el diputado de PSM-IV-ExM Antoni Alorda criticó que el decreto crea inseguridad jurídica y en este punto se refirió también a la situación de ses Variades. Remarcó que hasta el director general d'Ordenació del Territori del Govern ha reconocido que hay cosas «que no quedan claras».

La diputada del PP Virtudes Marí defendió que la normativa es «clara». «¿En ses Variades qué duda tiene? Es suelo rústico. Si el Ayuntamiento quiere que sea urbano tendrá que aplicar la ley, está clarísimo aunque ustedes lo quieran liar», indicó la diputada, que aseguró que el decreto contribuirá a la recuperación económica y resolverá problemas enquistados desde hace tiempo, como el de los núcleos rurales. Acusó a los progresistas de crear «confusión» y de hacer «urbanismo a la carta» cuando gobernaban y resaltó que el decreto desbloqueará la situación ubanística de los ayuntamientos y permitirá, por ejemplo, que una bodega en suelo rústico pueda vender sus productos. «Esto no es industria en suelo rústico», remarcó Marí, que garantizó también que no se dará pie «a nuevas urbanizaciones», sino que sólo consolida lo que ya existe. «No alarmen, este decreto no hace esto, ni desregula ni es urbanismo a la carta», añadió la diputada, que también acusó a los progresistas de ser constructores. «No eran azules los que dieron más licencias en un municipio de Eivissa, sino bien rojos», añadió Marí, que también criticó que los progresistas quisieran exonerar a Vila de tener suficiente capacidad para las aguas residuales.

En este sentido, el conseller Biel Company también destacó un punto importante, y es que el decreto quita preocupaciones a los ayuntamientos, que ya no tendrán que justificar que tienen recursos hídricos suficientes para el máximo de crecimiento, sino sólo para lo que vayan haciendo.

El diputado socialista Jaume Carbonero también llamó la atención sobre otro tema y es que, a su juicio, el decreto acaba con los límites de crecimiento del 10% que hasta ahora se imponían a los municipios, que ahora podrán hacerlo sin barreras. Asimismo, criticó que se puedan legalizar las urbanizaciones ilegales, lo que, en su opinión, «tendrá un efecto llamada». «Hay quien ya está pensando en poner máquinas en la calle», añadió el diputado, que cree que los consellers Delgado y Company «hacen carreras para ver quién desregula más».

«SARCASMO». El diputado de PSM-IV-ExM Antoni Alorda criticó que el decreto lleve el título de «sostenible». «¿No se podrían haber ahorrado el sarcasmo?», preguntó el progresista. Virtudes Marí (PP) replicó que el decreto es «muy sostenible» y que la palabra no es patrimonio de la izquierda y la usarán cuando quieran

BOTAFOC. Marí criticó que los progresistas legalizaron plazas turísticas para afrontar la crisis y, lamentó que, «sin embargo», siempre se tache al PP de «malo». «Como dice un amigo mío socialista hablando del dique de Botafoc, hay cosas que solo puede hacer la izquierda», añadió.

Estudian usar el consorcio que creó el Pacte para Benirràs

Tanto el Consell como el Govern estudian usar el Consorci per a la Reconversió Territorial que crearon los progresistas para arreglar el tema de Benirràs y Roca Llisa. El Pacte creó este instrumento para compensar a los propietarios con otros terrenos que no estuvieran en las zonas protegidas. Ahora el Consell estudia trasladar los derechos edificatorios de los dueños de Benirràs a otros suelos y, según dijo ayer el conseller de Territori, «cabe la posbilidad» de que se haga a través del consorcio.

También el Govern confirmó que quizás usen esta herramienta. De hecho, ayer salió en el BOIB el nombramiento de los representantes de la Conselleria en este consorcio. Desde la Conselleria explican que al no haberse derogado el artículo de la ley 4/2008 que protege Benirràs, Roca Llisa y Punta Pedrera, lo que se publica en el BOIB es un tema «formal». En cuanto a que se puedan hacer intercambios de edificabilidad «dependerá de la vigencia o no de dicho artículo en el futuro o de los cambios que pudieran producirse».