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El decreto urbanístico del Govern fue ayer motivo de polémica en el pleno del Consell. El portavoz de PSOE-Pacte, Xico Tarrés, aseguró que el documento ha causado una «gran incertidumbre» y pidió su retirada porque «pisa» competencias del Consell, por lo que abogó por recuperar el diálogo con los agentes sociales para lograr un modelo territorial «consensuado» y «sostenible». Asimismo, consideró «muy triste» que el Govern actúe por su cuenta y no pregunte al Consell «qué quiere introducir Eivissa».

El conseller de Territori, Mariano Juan, recordó que el decreto trata «temas generales» y que las aportaciones de Eivissa se harán vía enmienda, además de resaltar que «favorecerá la recuperación económica» al eliminar trámites burocráticos y facilitar la aprobación de planes municipales. «Los efectos serán positivos porque la situación económica está estancada y da facilidades para el desarrollo y esto no es algo contrapuesto al cuidado del medio ambiente», explicó Juan, que tampoco cree que el decreto les quite competencias. Anunció que se favorecerá el diálogo con la convocatoria del Consell del Territori y remarcó que tampoco los progresistas consensuaron con la oposición sus decretos, que se hicieron con «nocturnidad y alevosía» y sirvieron «para paralizar y no para incentivar la economía». De hecho, matizó que «prohibir y paralizar no significa proteger».

Suelo rústico

Tarrés insistió en que cuando ellos gobernaban se hacían «decretos para Eivissa» porque entonces «sí se nos escuchaba» y lamentó que el decreto dé vía libre a la construcción del suelo rústico. «Ahora se podrán hacer establecimientos comerciales, serrerías o un bar con música y fiesta y esto nos preocupa», dijo Tarrés, que criticó que siempre se quiera reactivar la economía a partir del territorio, cuando es lo «más sagrado» y lo que proporciona dinero. «Tenemos que conservarlo lo más posible para poder seguir viviendo tan bien como hasta ahora», añadió el progresista, que cree que la reactivación económica se debería hacer poniendo más vuelos y fomentando el turismo y no a «costa del territorio». «¿Reactivar la construcción? De acuerdo, pero en los lugares en los que se pueda», añadió Tarrés, que criticó también las dudas que ha generado este documento por si se puede construir o no en ses Variades.

Por todo ello pidió que el Consell se haga oír en el Govern para que no se considere a Eivissa como «un municipio de Mallorca» y bromeó diciendo que como se despisten les colocarán «el megacasino».

Juan recriminó a Tarrés no haber llegado a un pacte territorial. «Queríamos dar estabilidad, pero perdieron la oportunidad por razones políticas», recordó el conseller, que criticó a los progresistas por ser «ambiguos». Puso como ejemplo que han tenido bloqueada la construcción en ANEI durante años, algo que «no tiene sentido» y que ahora van a derogar y pidió a los progresistas si quieren o no núcleos rurales.

Asimismo destacó como positivo del decreto que modifica las sanciones («algo con lo que también está de acuerdo el colegio de arquitectos»), agiliza los trámites medioambientales y da salida a la actividad en suelo rústico para que «no se abandone», aunque remarcó que no podrán hacer discotecas. El debate terminó con la oferta de Tarrés a dialogar y con Juan invitándole a participar en la reunión del Consell del Territori.

Tarrés: «Se pagarán 800 euros más por alumno»

Tarrés criticó que con el incremento de tarifas de las escoletas los padres pagarán 800 euros más al año por alumno. La consellera d'Educació, Pepita Costa, indicó que se han adaptado a los precios que marca la Felib y remarcó que todos los centros deben tener los mismos precios, estén externalizados o no. Tarrés acusó al PP de «incoherente» porque cuando estaban en la oposición criticaron una subida del IPC.

PSOE-Pacte critica los recortes sanitarios

PSOE-Pacte criticó la eliminación de horas extra para acortar listas de espera, el cobro de 10 euros por tarjeta sanitaria o el cierre de una planta de Can Misses, así como la sustitución de la jefa de Urgencias por «motivos políticos» y el recorte de personal. Pidió que todo ello se solucione, pero la consellera Mercedes Prats le replicó que se trata de una reorganización ante un déficit de 600 millones y no suponen una «reducción de servicios básicos».

PP y oposición no logran consenso en educación

Tampoco hubo acuerdo en una moción para frenar los recortes educativos presentada por PSOE-Pacte con el fin de mantener las plazas de profesorado, recuperar el programa PROA, construir centros educativos y hacer convocatorias de reciclaje de catalán. El PP se mostró a favor de este último punto, pero no de todos los demás porque recordó que hace tiempo que existe «déficit de colegios» y problemas de pago a los centros.

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