Sant Josep llega a un acuerdo para pagar la sentencia de las hamacas en dos partes

Marí explicó que este año se incluirán 338.000 euros y el año que viene otra cantidad similar, ya que a los 400.000 euros que dice la sentencia hay que sumar un elevado coste en intereses. «Hemos hablado con la parte contraria y hemos intentado llegar a un acuerdo para poder pagarlo en dos años y para que al Ayuntamiento no le suponga una cantidad tan grande», relató Marí, que aseguró que este acuerdo ahora tendrá que ser aprobado por el juez, algo que no les ha dado tiempo aún. «Esto lo haremos siempre que el Juzgado nos lo autorice, pero ya contestamos al juez que habíamos hecho el trámite del presupuesto y le indicamos la fecha de aprobación», añadió Marí, que señaló que hay una cantidad pendiente, un 2% sobre el que hablaba la sentencia, que no han incluido porque no les queda claro exactamente cómo hay que calcularlo y por eso lo han recurrido. También está recurrido el hecho de que se obligue a la alcaldesa a pagar una multa de 600 euros mientras no se abone la indemnización.

El exalcalde Josep Marí Ribas, Agustinet, que ha tenido que pagar las multas hasta ahora, criticó que con este acuerdo se está incumpliendo una resolución de pleno reciente en la que se aprobó incluir la totalidad del pago en 2012. «Me gustaría que explicaran en qué consiste el acuerdo», añadió Marí Ribas, que espera que las multasahora las pague la alcaldesa. También recordó los vínculos familiares entre los demandantes y el equipo de gobierno.

La persona que recurrió la adjudicación del servicio de playas es Lidia Moreno, sobrina política del excomisario de Policía Ángel Marí, que a su vez era el representante de la Asociación de Vecinos de Cala Vedella, a la que se le otorgó la concesión, y que es el padre del actual concejal de Urbanismo, Javier Marí Álvarez.

Precintan la carpintería Alba

La alcaldesa explicó ayer que previamente se les había notificado que se precintaría el negocio, por lo que sus dueños ya habían puesto el cartel de cerrado. «Ya hay sentencia firme», remarcó Berris. El Tribunal Superior de Justicia de Balears de claró nula la licencia en marzo de 2011. Paralelamente hay una causa penal abierta.