L.Aversa/G.Romaní14/01/12 0:00
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El Consell d'Eivissa y los ayuntamientos presentaron el viernes de forma conjunta las alegaciones al anteproyecto de ley de modificación de la Llei de Funció Pública de Balears, que elimina el requisito de saber catalán para acceder a la Administración autonómica.
La consellera de Educació, Cultura i Patrimoni, Pepita Costa, explicó ayer que las alegaciones apuntan, sobre todo, «a mejorar el texto», ya que las instituciones de la Isla están de acuerdo con la propuesta del Govern de que la lengua catalana deje de ser un requisito y pase a ser un mérito para determinados puestos y procedimientos de acceso a la función pública.
Sobre esta cuestión, la consellera aclaró que las alegaciones intentan perfilar la redacción sobre «los sitios en los que tiene que ser un requisito o tiene que ser un mérito el tema del catalán». En este sentido, remarcó que están de acuerdo con que sea obligatorio «en aquello que implique una atención directa al público para mantener el derecho de las dos lenguas a ser utilizadas».
Sin embargo, a título personal, también indicó que considera acertado que para determinados puestos no sea obligatorio saber catalán porque permite la entrada a profesionales cuyos «méritos técnicos están por encima». «Aquí ha pasado que un director de orquesta retirado quiso formar parte de la orquesta sinfónica pero no pudo entrar porque no tenía el nivel C de catalán. Es un tema de sentido común, a mi si me van a operar, prefiero que el cirujano no me hable mucho», afirmó.
Por otra parte, en las alegaciones, las instituciones sí se niegan a que la modificación de la ley permita que los topónimos de Balears se puedan castellanizar y piden «que se mantenga como está». «Creo que en Eivissa no hay ningún tipo de problema ni lo ha habido nunca en este sentido. Quien ha querido dar el nombre a un municipio en castellano, lo ha hecho, y quien lo ha querido dar en ibicenco también. Si no hay ningún problema no hay por qué crearlo», concluyó.

Para GxF, vulnera derechos elementales

GxF, que encabeza el Consell de Formentera también presentó el viernes sus alegaciones al anteproyecto de ley, que considera que «vulnera el derecho elemental de los ciudadanos de poder dirigirse en la lengua propia del país a su administración» y porque esa medida supone ni más ni menos que el Govern «debilita en la administración pública que gestiona, la lengua propia del país que gobierna». Para GxF es absolutamente inconcebible que un gobierno «inicie hostilidades contra la propia lengua del país que gobierna y de los ciudadanos que la hablan».