Torres BlascoPalma02/10/11 0:00
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El elevado endeudamiento del sector público de la Comunitat Autònoma, unos 1.400 millones de euros, ha limitado, y en ocasiones la hará inviable, la supresión de empresas públicas. La necesidad de amortizar esa deuda, los elevados intereses que eso supone y la complejidad de trasvasarla a otro departamento (al final, el endeudamiento siempre queda en manos del Govern por mucho recorte que haga el Ejecutivo) ha obligado al equipo económico de Bauzá a apostar más por las fusiones que por la supresión.
Esto mismo le pasó ya el Govern anterior. Ambos, el actual y el que presidió Antich, se han encontrado con las mismas limitaciones y así lo han confirmado a este diario fuentes de ambas administraciones. El volumen presupuestario de los entes públicos participados mayoritariamente por el Govern es de 2.000 millones de euros. El recorte anunciado esta semana, incluido el despido de 800 personas, supondría, según se anunció, un ahorro de 115 millones de euros. Lo que ocurre es la falta de concreción del Govern y la experiencia del equipo anterior al abordar, en 2010, un proceso similar hacen desconfiar de la realidad de esta cifra y, sobre todo, del efecto real sobre las arcas públicas insulares.

Sanidad y educación
Aunque el portavoz del Ejecutivo, el conseller Rafael Bosch, negó el pasado viernes, hasta en tres ocasiones, que se hubieran guiado por el trabajo previo del Govern anterior, lo cierto es que el boceto Francesc Antich entregó a los grupos políticos el 3 de junio del año pasado, y el que fue presentado el miércoles se parecen como dos gotas de agua, tal como refleja esta página.
Lo que aún no había trascendido aún, y Ultima Hora ha confirmado ahora, es que tras entregar su propuesta al los grupos, un equipo de las conselleries de Hisenda y Presidència, comenzó a trabajar en una propuesta de reconversión del sector público que se iba a prolongar durante la siguiente legislatura: no se iba a despedir a nadie pero sí a dejar sin cubrir bajas y activar jubilaciones y prejubilaciones fomentando la 'movilidad funcional'. Eso es que parte del personal iba a pasar de las empresas iba a pasar a la Administración. La idea era mantener sólo empresas de sanidad y educación.
Como este Govern, también el anterior 'hinchó' intencionadamente ante los medios de comunicación su sector público, presentando como 'empresas' a lo que no eran más que consorcios sin personal y sin función.
El PSIB ha encargado a una diputada del grupo que se centre en el análisis de la propuesta de Bauzá y que inicie una batería de propuestas parlamentarias. El PSIB esperará a los presupuestos antes de iniciar su contraofensiva ante la propuesta del PP.

El número real de sociedades: un dato con el que han jugado los dos partidos
Ni 190 empresas públicas, como señalaba el PP, siquiera 170, como informó el anterior Govern cuando impulsó la primera criba. La realidad, es que las empresas e institutos totalmente públicos eran 76: 19 de Medi Ambient, 19 de Presidència, 7 de Turisme 4 (técnicamente, una, ya que se está cerrado un proceso de fusión) de Educación, 7 de Hisenda, 4 de Innovació, 7 d'Habitage, 3 de Salut, 6 de Treball, 1 de Agricultura, Comerc i Industia y la anterior conselleria d Esports, 3 de Afers Socials, 7 y de Mobilitat, 2. Ambos partidos, intencionadamente 'metieron en el mismo saco' a entes semipúblicos y consorcios de coste cero para 'realzar' su recorte.