El elevado endeudamiento del sector público de la Comunitat Autònoma, unos 1.400 millones de euros, ha limitado, y en ocasiones la hará inviable, la supresión de empresas públicas. La necesidad de amortizar esa deuda, los elevados intereses que eso supone y la complejidad de trasvasarla a otro departamento (al final, el endeudamiento siempre queda en manos del Govern por mucho recorte que haga el Ejecutivo) ha obligado al equipo económico de Bauzá a apostar más por las fusiones que por la supresión.
Esto mismo le pasó ya el Govern anterior. Ambos, el actual y el que presidió Antich, se han encontrado con las mismas limitaciones y así lo han confirmado a este diario fuentes de ambas administraciones. El volumen presupuestario de los entes públicos participados mayoritariamente por el Govern es de 2.000 millones de euros. El recorte anunciado esta semana, incluido el despido de 800 personas, supondría, según se anunció, un ahorro de 115 millones de euros. Lo que ocurre es la falta de concreción del Govern y la experiencia del equipo anterior al abordar, en 2010, un proceso similar hacen desconfiar de la realidad de esta cifra y, sobre todo, del efecto real sobre las arcas públicas insulares.
El elevado endeudamiento del sector público limita la supresión de la mayoría de empresas
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