Esperança Marí y Juanjo Cardona, ayer en una imagen de archivo.

Esperança Marí y Juanjo Cardona, ayer en una imagen de archivo. | Marco Torres

C. AlcántaraEivissa26/09/11 0:00
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Pacte per Eivissa desveló ayer que los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep han emitido informes desfavorables en contra de la modificación de la Ley de Función Pública para que el catalán deje de ser un requisito. El conseller Juanjo Cardona explicó que «se ha pedido unos informes jurídicos que sólo pueden ser negativos porque afecta a la Constitución, a la Carta Europea de las Lenguas, pero los ayuntamientos gobernados por el PP han ocultado este dictamen porque saben que el Govern de Mallorca va en contra de la legislación vigente al intentar rebajar las exigencias del conocimiento de nuestras lengua y no lo han emitido». Por su parte, la diputada del Pacte per Eivissa Esperança Marí explicó que los ayuntamientos tienen competencia en política lingüística y para reformarla la ley se ha de pedirles el visto bueno «pero atendiendo a la legislación balear no se puede reformar porque vulnera la ley y los secretarios de los ayuntamientos dicen que no es legal pero políticamente no puede el mismo gobierno del PP decir eso y nos lo han publicado».
Cardona lamentó, además, que todavía no se haya cubierto la plaza de delegado de Normalización, «porque desde julio se ha tenido tiempo de nombrar a uno nuevo y daba unos servicios que ahora no se pueden ofrecer».
Ante la posibilidad de recurrir a los tribunales por los cambios lingüísticos, Esperança Marí aseguró que «es preceptivo que los ayuntamientos emitan su opinión y todos dicen que es ilegal, lo ha dicho también el de Palma, pero sigue adelante y eso obligará ir a los tribunales; sería muy lamentable llegar a este extremo porque te estas cargando el clima de consenso social que se ha producido desde la transición y no se divida a la población por la lengua».

Involución lingüística
Pacte per Eivissa aseguró que con estas modificaciones se entra en un proceso de involución lingüística. Marí expresó su preocupación por el cambio de la ley advirtiendo que «desde el momento en que se cambia la ley se vulneran los derechos lingüísticosde los catalanohablantes, se elimina lo que dice el Estatut d'Autonomias, reconoce la Constitución y la Carta Europea de las Lenguas, ques es de obligado cumplimiento».

Supresión del reciclaje y programas a 'nouvinguts'
Pacte per Eivissa lamentó que se hayan paralizado los programas de reciclaje dirigidos a docentes, haya modificaciones de la Ley de Normalización Lingúistica, la anulación del decreto que convertía el conocimiento del catalán en requisto y pasa a ser un mérito y la anulación de los programas de incorporación lingüísitica para personas recién llegadas. Respecto a la supresión de las ayudas, Angels Martínez recordó que en Vila «con un 40% de la población de la isla, la mitad es población recién llegada que tiene unas necesidades muy específicas desde el punto de vista social». Martínez pidió al Ayuntamiento de Eivissa que mantenga el convenio con el Institut d'Estudis Eivissencs para la realización de cursos de lengua catalana, «cuya demanda crece en los ultimos años» y que siga dando apoyo al programa de voluntariado de lengu a «que era muy barato y que se ha implicado mucha gente». Ante esta situación, Pacte per Eivissa pidió al Govern que paralice estas medidas ya que conasideran que «Eivissa es un área débil por lo que son necesarias políticas para mantener activa la lengua», apuntó Cardona.