Suspendido el juicio de los antiautopistas denunciados por desobediencia al considerar que ya ha prescrito

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Carmen Martín, suspendió la vista prevista para ayer en la que los once antiautopistas detenidos el 20 de julio de 2006 en la finca de Can Malalt a raíz de la construcción del desdoblamiento de la carretera de acceso al aeropuerto de Eivissa estaban acusados de una falta de desobediencia a la autoridad por no entrar entrar las máquinas.
En este sentido, la jueza entiende, según comentaron los denunciados, que podía haber prescripción, algo que no fue del agrado de los antiautopistas. «La figura de la prescripción es de seguridad jurídica y lo que queríamos era justicia, no seguridad», manifestó ayer por la tarde en una rueda de prensa el abogado defensor Ignasi Ribas.
«Ha sido iniciativa de la jueza porque nosotros lo que queríamos era que se celebrase el juicio», explicó Ribas, que comentó que no se puede renunciar a la figura de orden procesal como es la prescripción. «Queríamos que se analizase la situación por la sentencia pero que la decisión no fuera previa al pronunciamiento, celebrar el juicio y poner de manifiesto los atropellos que se realizaron», apuntó el letrado. Aún así, la magistrada deberá dictar sentencia en los próximos días con el dictamen final.
El portavoz de los arrestados aquel 20 de julio, Antoni Planells, Malalt, señaló que, al suspenderse el juicio quedaron «bastante decepcionados por no poder explicarnos». «Hoy [por ayer] nos hubiera gustado dar nuestra opinión y decir nuestro motivos porque estamos cargados de razones pero no ha podido ser», puntualizó Malalt.
Los once componentes de la Plataforma Antiautopistas criticaron ayer el hecho de que la Justicia deje pasar tanto tiempo desde el día que declararon al día del juicio. «Precisamente hoy, que pensábamos que serviría para que quedara mucho más claro en el juicio, no ha podio ser porque se ha decidido que había prescrito. Pero la culpa es suya [en referencia a los Juzgados]. No sabemos muy bien si ha sido de forma voluntaria o si ha sido por dejadez, pero la situación es ésta», apostilló Malalt, quien insistió en que la suspensión del juicio provocó que no se pudieran defender ni mostrar «de forma documentada que los que habían actuado de una forma ilegal era la administración del Govern balear y el capitán de la Guarida Civil, máximo responsable de las detenciones que hubo».