El conseller d'Obres Públiques del Govern, Jaume Carbonero, confirmó ayer que existe un informe de Abogacía del Govern que no detecta responsabilidades penales en las obras de las autovías. De esta forma, Carbonero confirmó la existencia de este dictamen que ya esgrimió en su día la diputada del PP Mabel Cabrer en el Parlament.
«Ella conocía antes que nadie, no sé por qué razón, las conclusiones y el contenido total del informe cuando nosotros todavía no lo sabíamos», indicó el conseller, que remarcó que estas notas de Abogacía se redactaron tras analizar la auditoría de las carreteras.
«Es cierto que las notas dicen que no detectan responsabilidad penal, pero también es verdad que hay una auditoría que detecta múltiples irregularidades, sobrecostes y problemas que nosotros no podemos dejar de intentar resolver; los ciudadanos no tienen que pagar por unas actuaciones que han sido manifiestamente irregulares», añadió Carbonero.
«Es una opinión»
El conseller indicó primero que no se han planteado denunciar ante la Justicia la auditoría, aunque más tarde, preguntado por si la vía judicial se había cerrado dijo que no. «Abogacía opina que no hay indicios probatorios suficientes, pero es una opinión», añadió.
Respecto al rumor que existe de que habrá una gran intervención de Anticorrupción sobre las autovías, Carbonero se limitó a decir que también lo había leído.
Asimismo, recordó que han requerido a las empresas adjudicatarias para que solventen todos los problemas detectados en las autovías. «A partir de aquí ya veremos, porque la Justicia trabaja a su ritmo, tiene sus pautas y el abasto de nuestra actuación es que se palíen las situaciones irregulares», añadió.
Carbonero hizo estas declaraciones en la inauguración del XXI Symposium Nacional de Vías y Obras de Administración Local (Vyodeal), en el que se aborda la necesidad de ejecutar carreteras sostenibles y acordes al territorio.
Durante la inauguración del simposio el conseller recordó la polémica que se generó con las autovías, por su «impacto paisajístico y social». Asimismo, recordó la necesidad de gastar menos combustible y no tender a hacer cada vez vías y coches más grandes.
Los ingenieros apuestan por otro concepto de carretera
El presidente de la Asociación de Ingenieros de las Administraciones Públicas, Máximo Cruz, indicó que no conoce individualmente las autovías que se hicieron en Eivissa, pero sí «el concepto» que se aplicó. «Este concepto tiene que variar, no sólo porque tengamos problemas energéticos, sino porque al ciudadano se le ha echado de la ciudad», dijo Cruz, que destacó que hay que tener «sensibilidad» en territorios insulares para conservarlos «de forma clara».
El presidente del Consell, Xico Tarrés, aseguró que este simposio permitirá que los técnicos conozcan los problemas de Eivissa y que se pudan aportar «muchas soluciones».
POLÉMICA
PP y PSOE-ExC se enfrentan por el primer cinturón
La alcaldesa de Eivissa, Lurdes Costa, criticó que el candidato del PP al Consell, Vicent Serra, no considere «prioritarias» las obras del primer cinturón. «Me alegraré de que no gane las elecciones porque es uno de los proyectos que se presentan en este simposio como ejemplo de sostenibilidad y es una prioridad absoluta para humanizar la ciudad», dijo Costa. Tarrés añadió que «es muy preocupante» que Serra diga esto porque la situación es muy peligrosa. «No pasa nada más porque dios es buen hombre», añadió.
El propio Serra dijo ayer que antes de lanzarse a hacer inversiones como la del primer cinturón habrá que estudiar «muy bien» las cuentas del Consell, porque sólo un tramo cuesta 6 millones.
1 comentario
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
Es curioso que, si la abogacía del Govern no ha detectado ilegalidades en el tema de las autovías, el conseller diga que se trata de "una opinión". Pero no son expertos en derecho los que hacen ese informe? Si los expertos en derecho entienden que no se cometieron delitos, a santo de qué insistir en generar la duda? Si la Fiscalía dice que sí se cometieron, entonces el Govern tendría que echar a todos los miembros de abogacía del govern por incompetentes. Y si la Fiscalía tampoco los detecta, no estaría de más que el sr. Carbonero saliera a la palestra a pedir disculpas por querer convertir en delitos irregularidades administrativas que todos los políticos cometen culpando después a los "técnicos".