El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, ha reiterado la legalidad de todas las contrataciones y pagos puestos en duda por una denuncia anónima y sobre los cuales Fiscalía ha iniciado una investigación.
«Cualquier contrato y pago al Ayuntamiento está perfectamente fiscalizado y rendimos cuentas a todos los órganos competentes, como el Tribunal de Cuentas», remarcó el primer edil al ser preguntado por los supuestos pagos de más de tres millones en 15 años a proveedores ligados a un mismo empresario y sin concurso público.
«Parece increíble que alguien diga algo así; aquí no se trata de que llegue un pago sin factura y se dé el dinero, hay todo un proceso que supone que cualquier factura pase por Secretaría, Intervención, Tesorería y Contratación; además de pasar por las comisiones y juntas», añadió Marí.

Fiscalía
El primer edil reiteró su disposición «a dar toda la información a Fiscalía y lo que reclame», si bien aseguró que desde el Ministerio Público todavía no se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para requerir nada sobre este asunto. «De hecho, no tenemos constancia de ningún tipo de esta denuncia, más que lo que se ha publicado en prensa; de hecho, ni siquiera al PP le ha llegado esta denuncia.
En cuanto a las acusaciones formuladas por el PSOE de Santa Eulària de haber vulnerado la ley de contratos del sector público, el alcalde aseguró que «la oposición tiene toda la información y asiste a la Comisión de Hacienda; dispone de acceso a todas las actas, decretos y expedientes por lo que, si quiere consultar estos contratos, puede hacerlo y puede tener toda la información sobre el tema; por eso me llama la atención que ahora pretendan ocultarse tras una denuncia anónima en lugar de investigar ellos».
Marí apuntó que, de momento, no se ha iniciado ninguna investigación interna para saber si la filtración procede de algún empleado municipal.

«Se produce daño a muchos profesionales»
Marí dijo sentirse «indignado» por la denuncia formulada de forma anónima contra él y el Ayuntamiento, una acusación «que causa mucho mal a muchísimas personas, profesionales que llevan mucho tiempo en esta institución y que ven cómo se pone en duda su trabajo de muchos años para velar por la legalidad de las actuaciones municipales».
Para Marí, «que el denunciante no quiera dar la cara es una muestra de que el único objetivo es hacer daño y el de que 'difama, que algo queda».