C. R.Eivissa09/12/10 0:00
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El Ayuntamiento de Sant Josep ya ha dado por concluido el proceso judicial de la vivienda ilegal de Puig d'en Serra (es Cubells) y tiene previsto aprobar las bases del concurso público para derribarla la semana que viene.

Según explicó el concejal de Urbanisme, Josep Antoni Prats, la Justicia ya ha desestimado todos los recursos presentados por la propiedad de la vivienda, la sociedad mercantil Goettinger Vertiebsgesellschaft. «Entendemos que ya hemos llegado al final del proceso judicial, se han contestado todos los recursos», explicó Prats, que calculó que las obras de demolición podrían empezar en unos tres meses. Previamente al comienzo del derribo hay que pedir permiso al Juzgado para informarle de que se va a hacer cumplir la sentencia. Además, la Comissió Balear de Medi Ambient tiene que autorizar la demolición y la devolución del lugar a su aspecto original.

La vivienda, de unos 300 metros cuadrados de superficie, fue declarada ilegal al estar edificada en la cima de un monte y no cumplir con la normativa municipal.

Prats recordó que el derribo saldrá a concurso por 142.000 euros. Lo ejecutará el Ayuntamiento y luego se pasará la factura al propietario.

El pasado mes de agosto, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca desestimó un recurso interpuesto por la propiedad contra el proyecto de demolición elaborado por el Ayuntamiento. El juez consideró entonces que ese recurso era una «temeridad manifiesta, con un fundamento jurídico insostenible».

Sant Josep descarta pedir ayuda para evitar el final de la moratoria

La próxima semana Sant Josep debe levantar la suspensión de licencias que había aprobado mientras tramitaba su nuevo planeamiento urbanístico. Pese a ello, el concejal de Urbanisme descartó que se pida un alargamiento de este plazo a instancias superiores como el Parlament. En su día, la Cámara autonómica aprobó una norma a medida para prorrogar el plazo de las moratorias, algo que se hizo específicamente para Sant Josep.

Prats explicó ayer que en esa norma se decía que si durante ese año se podía llegar a la aprobación provisional la tramitación se podía alargar un año más. «No hemos llegado a tiempo y tampoco es correcto hacer leyes sobre la marcha», indicó el concejal, que aseguró además que «no habría tiempo» de hacer otra ley como esta, ya que al estar el plazo finalizado «no tiene sentido».

Por ello se centrarán en agilizar las nuevas Normas Subsidiarias. El Ayuntamiento se verá obligado ahora a revisar el centenar de expedientes que quedaron suspendidos. Prats asegura que ello no les preocupa porque muchas no son para nuevos proyectos, sino para instalación de vallas o ampliaciones. Sí que reconoció que podría haber alguna nueva construcción en suelo urbano.