Carbonero ha presentado en rueda de prensa el decreto ratificado en Consell de Govern como un avance hacia el «concepto de accesibilidad universal» y ha resaltado que «la gran mayoría» de los inmuebles y servicios dependientes del Ejecutivo autonómico ya están adaptados para su uso por parte de personas con movilidad reducida.
No obstante, ha admitido que «se ha incumplido» el plazo de ocho años para la supresión de las barreras arquitectónicas en todos los edificios de las Administraciones Públicas fijado hace diecisiete años y que las sanciones previstas en la ley no se han aplicado.
Sin embargo, el conseller de Vivienda ha resaltado que las reformas para permitir que las personas que se desplazan en sillas de ruedas o las que llevan carritos de bebé puedan acceder a los inmuebles públicos sufrieron «un parón» en la anterior legislatura que el Govern del Pacto de Progreso ha tratado de paliar con la concesión de «millones de euros» en ayudas para su ejecución.
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