Los arquitectos defienden que los costes públicos se reducirían si no se construyera en rústico

Asimismo, los arquitectos consideran que un modelo más cercano a Menorca, donde el suelo rústico es inedificable, mejoraría considerablemente el nivel de vida de los habitantes. «Además de poder disfrutar de un entorno natural tendrían cerca todos los servicios y equipamientos necesarios reduciendo los desplazamientos y facilitando la vida social a las personas dependientes como ancianos y niños», indican desde el Col·legi d'Arquitectes, donde señalan que ello también contribuiría a preservar los terrenos para uso agrícola y el paisaje, «permitiendo un uso social y recreativo del mismo».

Entre otros beneficios citan que se incrementaría la seguridad de los habitantes y su cohesión social, además de que la regulación de la edificación en suelo rústico exclusivamente para uso agrícola permitiría centrar la atención del planeamiento sobre las áreas urbanas, «que en su mayoría necesitan intervenciones de reestructuración urbanística y rehabilitación».

Los arquitectos también consideran que esto resolvería el problema de la plusvalía y de las cesiones en suelo rústico. «Mientras que en suelo urbanizable el derecho a edificar comporta cesiones a la Administración pública, como equipamientos, servicios o VPO, actualmente la segunda residencia en suelo rústico sólo comporta gastos a la colectividad, como mantenimiento de caminos, asfaltado y recogida de residuos, sin contar con la progresiva desaparición del paisaje, que entendemos como un bien de disfrute público y uno de los principales recursos de nuestra economía», abundan los profesionales.

GEN: «Se sigue con el modelo de siempre»

Desde el GEN critican que este PTE sigue el «mismo modelo de siempre» y no difiere mucho del que elaboró el PP. «Se continúa con la urbanización en suelo rústico», indicó la directiva del GEN Neus Prats, que cree que el modelo actual es «insostenible». Esta es la reflexión principal de las alegaciones que presentarán, aunque Prats piensa que el documento no se llegará a aprobar nunca. «Ha sido sólo una excusa para declarar urbano Platja d'en Bossa, es todo una fantasmada», indicó la ecologista, que aseguró que los gobernantes «no tienen capacidad» para afrontar un verdadero cambio.