B. R. / J. M. A./ C. REivissa25/06/10 0:00
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El abogado contratado por el sindicato UGT y perteneciente al despacho de abogados Capella, Pomar & Martos Abogados indicó que los activos de Grupo Playa Sol, es decir los bienes que posee la empresa, podrían llegar a los 320 millones de euros, mientras que el pasivo, es decir, las deudas, puede oscilar entre los 250 y los 300 millones de euros. De esta manera el patrimonio que queda, la diferencia entre el activo y el pasivo, podría estar en los 50 millones de euros.
A pesar de estas cifras, el abogado Manuel Pomar apuntó que aún «no se sabe a ciencia cierta» y por ello se ha propuesto el nombramiento de un auditor externo para conocer cuáles son los bienes y las deudas reales que pesan sobre Grupo Playa Sol.
Además, Pomar explicó que el proceso judicial se prolongará dependiendo de si se pueden recuperar los archivos informáticos aprehendidos por la Policia Nacional durante los registros. En el caso de que se puedan recuperar, la lectura de los números se podrá hacer de forma informática y el proceso irá mucho más deprisa. «Si en seis o siete meses se tienen entregados los datos económicos y laborales, en un año puede estar armado todo el proceso penal», aclaró. De hecho indicó que desde Fiscalía está el compromiso se ha pedido «que se vaya a toda prisa».

El dueño

Por otro lado, y ante las dudas de los trabajadores de la cadena hotelera, el abogado contratado indicó que Fernando Ferré continúa siendo el dueño de la empresa. «El juez lo que no puede hacer es quitar la propiedad a nadie, lo que sí puede hacer es poner controles como se le están poniendo», señaló. Asimismo apuntó que si Ferré puede hacer frente, con sus propios medios, a las sanciones que se le imponen, «los establecimientos seguirán siendo de su propiedad». En cuanto a los hoteles que actualmente tiene en régimen de alquiler, Pomar señaló que, en caso de no hacer frente a los pagos y se rescinda el contrato, estos establecimientos volverán a sus propietarios iniciales de forma subrogada. De hecho, en este caso, los trabajadores que se encontrasen en estos establecimientos también volverían con la propiedad inicial.
UGT recordó que desde el sindicato llevan denunciando al empresario desde 1984 por contrataciones, irregularidades y por la situación de los empleados checos que se encontraban en el hotel San Remo y en s'Estanyol.

El juez toma declaración a 10 personas como testigos

El juez que lleva el caso, Santiago Pinsach, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, tomó declaración a diez personas que estaban citadas como testigos, la gran mayoría trabajadores de GPS, después de que ayer lo hiciera, en calidad imputado, el hijo de Ferré, que negó cualquier conocimiento de las presuntas actividades ilegales de su padre. De esta forma, finalizan las declaraciones previstas, aunque es muy posible que de las declaraciones de ayer deriven nuevos testimonios. También es posible, señalaron fuentes jurídicas, que tras el análisis de la documentación aprehendida aparezcan nuevas imputaciones. Por otra parte, el juzgado de Eivissa ha remitido ya a la Audiencia el recurso que solicita la libertad de Ferré, con el objeto de que se tome una decisión.

Nueva sanción de 36.000 euros a hoteles de Ferré

El Consell d'Eivissa aprobó ayer una nueva propuesta de sanción para un establecimiento hotelero de Fernando Ferré. En concreto, impone 36.600 euros de multa para los apartamentos Es Caló de Caló des Moro (Sant Antoni). Entre las multas, hay una de 12.000 euros por contar con más plazas de las permitidas. En concreto, tiene autorización para 88 unidades de alojamiento y 180 plazas y está explotando 139 unidades con 278 plazas. Otras sanciones, también de 12.000 euros, son por incumplimiento de la normativa en prevención de incendios y por explotar como restaurante un establecimiento de cafetería. La sanción se interpone a la entidad Nomes-Sendra, perteneciente al imperio de Ferré.