Costa pone «la mano en el fuego» por Pizarro ante su imputación por el caso de la zona azul

El equipo de gobierno de Vila cerró filas ayer entorno al teniente de alcalde Santiago Pizarro y al interventor municipal, y anunció que les «defenderá» y «protegerá» ante su imputación por haber condonado una deuda de 412.000 euros a la empresa adjudicataria de la zona azul, Park Control 2000 S.L.

La alcaldesa Lurdes Costa aseguró ayer que «pone la mano en el fuego» por Pizarro y por el interventor, y dijo que el equipo de gobierno se pone «delante» de ambos para «protegerles y acoger las culpas que puedan tener, que ya les advierto que son ninguna», destacó. Además, quiso «censurar la intención del Partido Popular de judicializar un expediente administrativo», en relación al informe del interventor que apoyó la condonación de la deuda como compensación a la empresa por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

Para la alcaldesa, las denuncias que motivaron ambas imputaciones, «tienen la intención clara y malintencionada de perjudicar a dos personas en concreto». Son las denuncias efectuadas a título particular por el empresario Josep Maria Molins y por la portavoz del PP de Vila, Virtudes Marí, como acusación popular, ante el Juzgado de Instrucción número 1, para pedir que se investigue el caso; denuncias que ya motivaron la declaración del administrador de la empresa, Albert Playa Alberch.

Información «parcial»

Asimismo, Costa se quejó de que los afectados hayan tenido conocimiento del auto a través de la prensa y destacó que ayer aún no habían sido notificados. Además, criticó que desde el juzgado no se haya solicitado al Consistorio «ni un papel, ni un sólo documento, ni en qué leyes o normativas se han basado para hacer el expediente administrativo» pero indicó que no presentará una queja formal por este motivo. Al contrario, la alcaldesa dijo que están preparando toda la documentación del caso para la jueza Carmen Robles, «para que no tenga una información parcial, como la que tiene ahora». «No acabo de entender cómo ha podido ser suficiente para que estas dos persona estén imputadas», destacó la alcaldesa, que recordó que una imputación «sólo significa poder ir a declarar con un abogado». «Pero con la que está cayendo y con la que les está cayendo a algunos, quieren hacer ver que todos somos iguales», indicó.

Según Costa, el equipo de gobierno confía en los informes de sus técnicos porque «tienen conocimiento de las normas y las leyes que se tienen que aplicar; y no como algunos aficionados», indicó sobre concejales del PP.

Costa también anunció que el Ayuntamiento defenderá a Pizarro y al interventor y que se «reserva las acciones judiciales que hagan falta para intentar recuperar el buen nombre de esta gente, que hoy está en entredicho».

Por su parte, Pizarro aseguró que está «absolutamente tranquilo» porque tiene la convicción de que todo se hizo «de acuerdo a la ley».

Por último, cabe destacar que también está citado a declarar como testigo el tesorero municipal y no el secretario, como ayer se publicó por error.

Costa: «Marí se ha buscado como aliado a un personaje»

La alcaldesa Lurdes Costa cargó contra el denunciante particular, el empresario Josep Maria Molins, y contra la portavoz popular, Virtudes Marí. «Quiero criticar abiertamente a la señora Marí porque se ha buscado de aliado a un personaje que es conocido por la mayoría de la gente de Eivissa y que conocemos porque pone denuncias constantemente y hace las cosas de una manera para nada ejemplarizante. Es el socio que se ha buscado el PP», destacó. Para la portavoz popular, Virtudes Marí, «arremeter contra todos» es una muestra de «intranquilidad» y una «maniobra de distracción» por parte de la alcaldesa.

El PP vincula el personal de la empresa al equipo de gobierno

La portavoz del PP de Vila, Virtudes Marí, aseguró que «no es una buena noticia» la imputación de Pizarro, aunque indicó que la citación del juzgado justifica «que era imprescindible que se investigara qué ha pasado con Park Control». Marí recordó que la jueza se basa en la documentación presentada por el PP, como es el informe del interventor «de tres líneas, que dice que está de acuerdo en que se descuente de la deuda el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales». Asimismo, la portavoz destacó que «llama la atención» que el juzgado solicite el listado de los trabajadores de la empresa desde 2003. «No hace falta más que ir por la calle para saber que en esta empresa se ha contratado durante años a personas, vinculadas familiar o políticamente, con el equipo de gobierno y esa podría ser una explicación del trato de favor», afirmó. Por ello, Marí aseguró que pedirán que se abra una segunda vía de investigación en base a los datos de la intervención a las cuentas de la empresa que indican que en 20 días se obtuvieron 85.000 euros netos de ganancia, «mientras su justificación para no pagar la deuda es que tiene pérdidas», destacó y recordó la empresa debe 400.000 euros además del impuesto «que se les perdonó». Marí aseguró también que Vila ha perdido dinero con la zona azul porque pemitió que el canon fijo anual se pagara en base a los beneficios de las tres concesiones que tiene en la ciudad, debido a que se «ha permitido que restaran las pérdidas». Por ello, también presentará las liquidaciones de la empresa ante el juzgado. Marí insistió en que hubo connivencia entre Vila y la empresa ya que «en el contrato está muy claro que todos los impuestos derivados del contrato los debe pagar el concesionario», indicó.

Por último, aseguró que las máquinas de zona azul no tienen «un volcado de datos informáticos diario que pide el pliego de condiciones». Según Marí, este sistema sirve para «hacer controles» pero indicó que éstos «no se han hecho nunca».