Aunque no afecta a todos por igual, la prohibición que impone el Gobierno a las entidades locales de solicitar créditos a partir del 1 de enero de 2011 se ha convertido en la gota que colmó el vaso.
La Comisión Permanente de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (Felib) advirtió ayer que los ayuntamientos y consells «han entrado en una dinámica en la cuál deberán dejar de prestar servicios, sobre todo aquellos que no son de su competencia y que generan deuda».
La federación se manifestó así tras una reunión mantenida ayer en Palma con 45 representantes de ayuntamientos y consells insulars de todo Balears, que expresaron en un comunicado conjunto su «extrema preocupación ante la difícil situación en la que quedan las entidades locales» como consecuencia de las medidas que presenta el Real Decreto para la reducción del gasto público, aprobado ayer en el Congreso de los Diputados. Un decreto con el que también están en «desacuerdo por las formas con las que se ha gestado».
En este sentido, la Felib indicó que las entidades locales «son las primeras que han afrontado la situación económica complicada y que han adoptado medidas de contención en los últimos presupuestos», por lo que exigen «el mismo trato de endeudamiento respecto al que tienen las comunidades autónomas y el Estado».
Desde Eivissa, los ayuntamientos suscribieron la advertencia de dejar de asumir competencias que no son propias y que ocupan entre «un 30% y un 50% del gasto municipal, según un estudio elaborado por el Consell de Mallorca», explicó el teniente de alcalde de Vila, Santiago Pizarro, presente ayer en la reunión. «Hay un malestar muy profundo por parte de todo el mundo, sin distinción de partidos políticos, porque todo son dificultades», destacó el teniente de alcalde, que remarcó que los ayuntamientos «son las únicas administraciones que no pueden hacer presupuestos con déficit» y que, además, tienen una ley de estabilidad presupuestaria que sólo les permite endeudarse de acuerdo a su amortización. Una situación de «estrangulamiento financiero», aseguró Pizarro, que ahora se completa con la prohibición de pedir créditos. «Por eso está llegando el momento de plantarnos y de dejar de hacer cosas que no son competencia nuestra», afirmó el concejal sobre los servicios que asumen los municipios por proximidad con los ciudadanos y que tienen que ver con políticas de promoción de empleo, juventud y deportes, entre otras.
«Si cada vez nos van estrangulando más tendremos que dedicarnos a hacer lo que la ley nos obliga que es mantener las calles, el agua, el saneamiento, la policía local y el mantenimiento de los centros públicos», advirtió, y recordó que los ayuntamientos «sólo son responsables del 0,5% de la deuda total del país».
En este mismo sentido se expresó el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, que recordó que, además, el Estado también rebajó su aportación a los municipios este año. «Habrá que tomar un decisión drástica porque, si recortan y tenemos que seguir prestando lo que no es competencia nuestra, se hace muy cuesta arriba», destacó, y recordó que los ayuntamientos «asumen mucha carga en temas educativos y de servicios sociales» como, por ejemplo, la ayuda a domicilio «que debería estar prevista por la ley de dependencia».
«Reivindicación histórica»
Por su parte, el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas Agustinet, también recordó que la necesidad de financiación por asumir los servicios que no competen a los municipios «es una reivindicación histórica de los ayuntamientos», y puso como ejemplo las guarderías, que «no son competencias municipales», así como «las reformas de determinados centros escolares». «Y esto se debería regular con la nueva Ley de bases de Régimen Local que llevamos mucho tiempo esperando», destacó, e indicó que los ayuntamientos están «en la primera línea de fuego de los ciudadanos» y que, aún así, «son la hermana pobre del grupo».
Por último, el alcalde de Sant Antoni, José Sala, consideró «normal», la advertencia de la Felib, se adhirió a la misma, y aseguró que «no es por falta de voluntad». «Es por falta de dinero, puro y simple», concluyó.
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Ya sería hora que, o bien dejan de llevar a cabo competencias que no son de los ayuntamientos, o bien que sean transferidas competencias con dotación económica a los ayuntamientos por parte de las comunidades autónomas o el Estado.