Redacción Local10/05/10 0:00
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El diputado autonómico del PP, Miquel Jerez, ha solicitado al Govern una copia de la auditoría de las carreteras realizadas en Eivissa en la anterior legislatura. Los populares, aseguran, quieren evitar el «uso interesado e irregular de un documento público», al tiempo que quieren conocer el análisis económico que se hace en el documento de las modificaciones ordenadas por el actual Govern progresista.
«Esta petición pretende evitar un uso inadecuado del documento, susceptible de ser empleado para construir tendenciosamente una campaña de descrédito que favorezca los intereses de determinadas fuerzas políticas», aseguró ayer Jerez, presidente del PP ibicenco, a través de un comunicado. «Por esta razón principal, es necesario que se nos dé traslado, antes o a la vez, que su contenido se hace público por el propio Govern a los distintos medios de comunicación. De este manera, quedará fuera de sospecha cualquier intencionalidad divulgativa que no responda a criterios meramente informativos», añadió.
Coste del documento
Jerez también apunta que el interés de los conservadores se debe a que «tras tres años soportando insinuaciones sobre conductas negligentes, ha llegado el momento de conocer el verdadero contenido de la auditoría y saber si está justificado el gasto de 870.000 euros empleados por el Govern para su redacción, o si se ha malgastado este importe en un documento totalmente innecesario y prescindible».
El diputado popular recordó que el coste de la ejecución de todos estos proyectos de carreteras fue auditado, con carácter previo, por los servicios económicos y de intervención de la propia Comunitat, así como por la Sindicatura de Comptes.
«Si se desprende que se actuó con corrección en la ejecución de los proyectos y no se aportan datos nuevos que desvirtúen con solvencia los controles de los servicios de intervención de la Comunidad Autónoma, la Sindicatura de Comptes y la consultora que participó en los estudios económicos, nos plantearemos seriamente la posibilidad de tomar medidas, exigiendo responsabilidades a quienes hayan hecho uso indebido de los recursos públicos».