El Govern aprueba el proyecto de Ley del Suelo «redactado desde la pluralidad»

Vicens recalcó que este proyecto de Ley se ha «redactado desde la pluralidad» mediante reuniones casi semanales con los diferentes grupos como PSOE, Bloc, UM y Eivissa pel Canvi, lo que ha supuesto un trabajo de dos años.

Este anteproyecto hará que las Balears dejen de ser la última comunidad autónoma sin una Ley del Suelo y contará con una mayor protección para el suelo rústico mediante nuevos parámetros para las edificaciones, de manera que éstas tendrán que ser más integradas y respetuosas con el paisaje.

Así, a partir de la aplicación de la futura ley, una vivienda en suelo rústico no podrá superar el 2% de la parcela, ni podrá ocupar en ésta más del 3%. Además, se reduce la altura máxima de todos los edificios, de ocho a siete metros y el volumen máximo, que pasa de 1.500m3 a 1.300m3, según la dimensión de la parcela.

Diferencias con el PTI

Según explicó el conseller insular de Política Territorial, Miquel Ramón, cuando se apruebe la ley provocará algunos «desajustes» con el Plan Territorial Insular (PTI) que se aprobará de forma inicial próximamente. «Si va para adelante la ley, se podrá adaptar entre la aprobación inicial y la definitiva y, si no, en última instancia la ley tiene rango superior y está por encima», destacó.

La disminución del volumen máximo de 1.500m3 a 1.300m3 será uno de los «desajustes», aunque «no es una reducción demasiado importante», destacó.

Por otra parte, el proyecto de Ley prohibe construir en pendientes superiores al 15% y prevé que el 30% del suelo urbano y urbanizable se reserve a la construcción de VPO.

Entre las principales novedades, también destaca la ampliación de la responsabilidad de las infracciones urbanísticas, de forma que ya no sólo serán responsables los promotores y los constructores de las obras, sino también los titulares, directores y explotadores de establecimientos, los técnicos titulares, el director de las obras, los notarios y registradores de la propiedad, los titulares y los miembros de los órganos administrativos, así como los funcionarios públicos en función de sus competencias.