Sant Antoni está dispuesto a llegar al Constitucional para que sa Coma pague impuestos y licencias municipales

Según el alcalde José Sala, el decreto 1/2010 de Ordenación del Sistema General de Equipamientos e Infraestructuras Supramunicipales de sa Coma en la Isla de Eivissa así lo prevé y «puede estar vulnerando la autonomía municipal». Una usurpación de competencias, detalló el alcalde, tanto desde el punto de vista material en la toma de decisiones, al excluir las licencias municipales, como desde el punto de vista económico, al exonerar las infraestructuras del pago de impuestos a los ayuntamientos.

Por ello, el primer paso que ha dado Sant Antoni ha sido enviar un escrito a los grupos parlamentarios que deben validar el decreto para que «lo rectifiquen o no lo validen», y otro comunicado a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (Felib) «para que exprese su opinión» y ayude «con los medios a su alcance a defender los intereses del municipio de Sant Antoni».

Antecedentes

Según Sala, «hay que recordar que ya el Parlament, por las mismas causas, no validó el decreto 4/2009» que también se refería a sa Coma «en términos casi idénticos». Además, indicó el alcalde, existe «un precedente en Balears sobre el vertedero de son Reus y otras actividades en Mallorca» en el que Parlament tuvo que modificar una Ley para devolver a los ayuntamientos afectados «los derechos usurpados».

Asimismo, Sala destacó que otra opción «es incluir en la negociación que se está llevando a cabo con el Consell el reintegro a los ayuntamientos de su autonomía y de su derecho de control». Sin embargo, explicó que aunque se está negociando una cláusula en este sentido, «es insuficiente porque no alcanza a reconocer todos los derechos que reclamamos». «No nos obvia totalmente como el decreto pero la intervención municipal es casi inocua», agregó.

Asimismo, el alcalde aseguró que estos primeros pasos que ha dado el Consistorio «no son obligatorios» y buscan plantear diversas posibilidades. «No queremos sorprender en el último momento con un recurso ante el Constitucional», destacó el primer edil, que indicó que esta opción podría darse «si el decreto se valida». «Si nos vemos desprotegidos y se nos confirma por parte de otros organismos que estamos en lo cierto tendremos que continuar el procedimiento con el planteamiento ante el Tribunal Constitucional de un recurso en defensa de la autonomía local», afirmó el alcalde.

Por último, Sala remarcó que su objetivo «no es torpedear las actuaciones que se intentan llevar a cabo en sa Coma» y aseguró que está a favor de que el recinto «se aproveche para aquellos usos y servicios que pueden beneficiar a los ciudadanos» como la universidad, el circuito de moto-cross o la depuradora». «Ofrecemos nuestra sincera y activa colaboración para la implantación de estas instalaciones y de otras que se estimen oportunas pero estimamos que la forma correcta de hacerlo no es excluyendo a la intervención municipal», concluyó.