El grupo ecologista GEN denunció ayer que el PSOE y el PP han presentado una enmienda conjunta a la nueva Ley de Puertos del Estado en la que proponen que se puedan ejecutar obras portuarias sin que previamente se haya elaborado un Plan de usos o un Plan especial, tal y como ocurre en el puerto de Eivissa.
El GEN recordó que han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto de ampliación del puerto promovido por la Autoritat Portuària porque «no tiene cobertura administrativa» al no disponer de los instrumentos de planificación previos a los que obliga la ley estatal.
«El puerto de Eivissa no dispone, a día de hoy, de Plan Especial ni de Plan de Usos, instrumentos preceptivos según la Ley de Puertos vigente», aseguran los ecologistas, que recuerdan también que recientemente tanto el PP como el PSOE local apremiaron a la Autoritat Portuària a que aprobara el preceptivo Plan de Usos del puerto de Eivissa, «poniendo en evidencia la inexistencia del mismo».

Ilegalidad
De este modo, según el GEN, las obras del puerto son ilegales porque no existen estos instrumentos de planificación portuaria pese a que en el año 2000 se firmó un convenio entre Ayuntamiento, Consell y Autoritat Portuària para su aprobación.
El texto concreto de la enmienda apoyada por PP y PSOE a nivel nacional recoge que «para la ejecución de nuevas de infraestructura portuaria o de ampliación de puertos existentes no será necesario que dichas obras estén contempladas en la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, ni en el Plan Especial».
De hecho, se añade que la justificación de este cambio es para «aclarar definitivamente una cuestión planteada en los tribunales y que permite en algunos casos paralizar las obras de infraestructura portuaria y de ampliación de los puertos».
El GEN indica que, de esta forma, PP y PSOE «no esconden que la intención es eludir el cumplimiento» de la Ley de Puertos vigente.
«El PSOE y el PP se alían en el Parlamento para amparar las ilegalidades cometidas por la propia Administración en el que es, sin duda, un ejemplo más de transparencia democrática y una burda maniobra para poner los intereses económicos y especulativos por encima del interés general de los ciudadanos», añaden los ecologistas.

Leyes tipo «Berlusconi» para que la Justicia no persiga la corrupción
Según los ecologistas, con esta maniobra parlamentaria queda comprobado que el «Estado no tiene previsto que la ley ni el interés público que tiene que defender sea un obstáculo a la hora de malgastar cien millones de euros de los ciudadanos en una obra injustificada y perjudicial».
«Ahora sólo queda esperar que el Estado español inicie la tramitación de nuevas leyes estilo Berlusconi para evitar que la justicia pueda perseguir las conductas corruptas, tan extendidas en nuestra clase política», añaden desde la formación conservacionista.