Vila niega que haya habido trato de favor a la empresa gestora de la zona azul

La alcaldesa de Vila, Lurdes Costa, negó ayer que el Consistorio haya tenido «privilegios» hacia la empresa adjudicataria de la zona azul, Park Control, tal y como le acusó el Partido Popular.
Costa indicó que si el Ayuntamiento, tal y como asegura el PP, no hubiera llevado «un control» sobre la empresa, «no se le hubiera enviado una carta el año pasado reclamándole el importe que debe», que en la actualidad, al menos, supera los 400.000 euros correspondientes al canon fijo que debía abonar al Consistorio por los dos últimos trimestres de explotación.
«Esta empresa ha estado trabajando correctamente durante los años que lleva de contrata. A partir de que ha dejado de pagar, el Ayuntamiento detecta que faltan unos ingresos y les reclama. Y como no se cumplen los compromisos contractuales, se les requiere porque, o paga, o se les rescinde el contrato», explicó Costa.
Para la alcaldesa, las acusaciones vertidas por la oposición sobre un «trato de favor» a Park Control y de «falta de control sobre una de las contratas más importantes del Ayuntamiento» son «inventos que no contrastan». «Les gusta desconocer las cuestiones y así las pueden decir más gordas», acusó Costa, quien criticó «la poca rigurosidad en las declaraciones que hacen muchas veces, el alarmismo que se quiere provocar e, incluso, la mala fe en la interpretación en algunas de las cosas».
«No nos preguntaron si habíamos reclamado o si teníamos la intención de rescindir la contrata», agregó la alcaldesa, quien reconoció que han tenido un «desfase» en los presupuestos a causa de esta deuda, cuyo importe tendría que revertir en «servicios para los ciudadanos».
Asimismo, Costa explicó que el Consistorio estudia si Park Control continuará explotando los aparcamientos de zona azul mientras se saca a licitación la nueva contrata.
Pendiente de cuantificar
Por su parte, el grupo municipal Popular ha solicitado que se practique una auditoría «para examinar la gestión económica de la empresa» ya que las «irregularidades por incumplimiento de las prescripciones del contrato de esta concesión podrían haber causado un perjuicio económico al municipio aún pendiente de cuantificar». Asimismo, destacan que el equipo de Gobierno «ocultó un agujero que supera los 400.000 euros».