El Govern balear y Gobierno central negocian actualmente el traspaso de las competencias de Justicia bajo el criterio de que tendrán un coste efectivo anual de 55 millones de euros, cuatro más de los 51 millones que se consideraban hasta ahora, lo que supone un repunte del 9%. Sin embargo, la negociación no está cerrada y la Comunidad Autónoma aún no ha dado su conformidad.
Así lo manifestó ayer la nueva consellera de Justícia, Pilar Costa, durante una comparecencia en el Parlament balear, realizada a petición del PP para informar sobre la situación del traspaso de competencias en materia de Justicia, quien apuntó que «ha habido avances», aunque cerrar el acuerdo depende de la obtención de una dotación presupuestaria «razonablemente suficiente» para desempeñar esas funciones.
En opinión de Costa, «hay motivos para un prudente optimismo», a pesar de que recordó que el momento económico actual no es adecuado para conseguir un traspaso en las mejores condiciones posibles, y, de hecho aseguró que la negociación con el Estado «entra en una fase decisiva», dada la voluntad mostrada por ambas partes.
Para Pilar Costa es urgente abrir un juzgado de Primera Instancia en Formentera y reubicar los órganos judiciales de Eivissa, dadas las malas condiciones del edificio donde se encuentran actualmente.
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