29/09/09 0:00
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EFE

El sindicato balear CSIF ha ganado una sentencia ante el Tribunal Supremo que obliga al Ministerio de Justicia a abonar, con efectos retroactivos al día 1 de enero de 2007, un total de 27,66 euros mensuales a 45 funcionarios de Eivissa. La sentencia afecta a casi un 35 por ciento de los funcionarios de la administración de Justicia de las islas.

Según un comunicado del sindicato, los beneficiarios serán los destinados en el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Audiencia Provincial, los juzgados de lo Social y de lo Contencioso Administrativo, los de Vigilancia Penitenciaria, de Menores, de Mercantil, los de lo Penal de Eivissa y Menorca, los decanatos de Inca y Manacor, los Registros Civiles y los juzgados de paz.

El Govern balear deberá asumir estas transferencias en materia de personal, que supondrán un gasto añadido de unos 300.000 euros anuales, según indicó el sindicato.

En la nota, el CSIF atribuyó la sentencia a la «nula capacidad de diálogo» que mantuvo el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo durante su gestión para «negociar las desigualdades» retributivas entre los funcionarios de los diferentes órganos judiciales, cuestionadas por los sindicatos.

En referencia a las futuras transferencias de las competencias de Justicia, la agrupación sindical consideró «preocupante» que el Ministerio se niegue a «negociar» la puesta en marcha de la nueva oficina oficial exigida por ser Mallorca la ciudad piloto asignada para dicha remodelación.

Reformar

Asimismo, el CSIF aprovechó la ocasión para reiterar la necesidad de una «urgente y profunda» reforma del sistema judicial, al tiempo que ha exigió que se abra una mesa de negociación para tratar con la suficiente profundidad los puntos que afectan a las condiciones de trabajo «antes de que continúen con el desarrollo del plan de modernización», así como la participación de los funcionarios en el proyecto de la nueva oficina porque «son los que sostienen el sistema».