La nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial deberá tener en cuenta las previsiones de incrementos de población muy bajos en el norte de España, y su intensificación en zonas como Murcia, Valencia y Balears, expectativas que, según indicó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, deben ser ponderadas para articular una planta judicial que logre que el sistema de Justicia sea eficiente.
Ocho juristas de reconocido prestigio conforman la comisión encargada de la elaboración de una nueva ley, constituida ayer en un acto presidido por el ministro de Justicia y que deberá entregar en seis meses un informe con las bases de la norma.
En el acto, el ministro de Justicia destacó que la nueva ley, elemento clave del plan de Modernización de la Justicia, sustituirá a la de 1988, que ha experimentado ya 14 modificaciones legislativas y ha sido desarrollada por 62 reales decretos.
Esta norma contemplaba una planta de 2.500 unidades judiciales para una población de 39 millones de habitantes, situación que ha pasado en la actualidad a casi el doble de unidades judiciales (4.981) para 46 millones de españoles.
El ministro de Justicia resaltó los desequilibrios que deben corregirse en la futura ley para adaptarse al mapa sociológico real del país, y que sitúa los principales asentamientos de población en la franja del Mediterráneo y en el entorno de Madrid y Barcelona frente a otras zonas despobladas, lo que afecta al número de litigios por habitante.
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