El Govern iniciará los trámites para desarrollar un decreto que regule el derecho a una segunda opinión médica en el sistema sanitario público de Balears, tal y como ya existe en otras Comunidades Autónomas, con el objetivo de que los pacientes de las islas tengan la posibilidad de ser nuevamente informados tanto sobre el diagnóstico, como sobre los procedimientos terapéuticos.
Así, la Cámara balear aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por el PSIB. El parlamentario encargado de defender la propuesta, Miquel Gascón, explicó que el modo de regular esta segunda opinión por parte de las diferentes autonomías es «muy variable».
Por su parte, la 'popular' Carmen Castro señaló la posibilidad de añadir una enmienda que hiciese referencia al establecimiento de medios humanos y materiales para «garantizar» este derecho. No obstante, Gascón consideró que los medios existentes actualmente ya «son suficientes para dar una segunda opinión» por lo que la enmienda no fue aceptada.
La parlamentaria del Grupo Mixto, Marián Suárez, subrayó que entiende este derecho como una «garantía de calidad y de mejor atención médica» ante los ciudadanos. Así, señaló la necesidad poner en marcha «toda la maquinaria» para que el decreto sea «una realidad» cuanto antes, sentido en el que también se pronunciaron los representantes del resto de grupos.
El artículo 4 de la ley de cohesión y calidad del Servicio Nacional de Salud recoge, entre otros, el derecho de los ciudadanos de disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso médico.
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