Habitantes de tres pisos de Santa Margarita, en juicio con el Ibavi para evitar ser desahuciados

Son los habitantes de tres de los seis pisos que posee y gestiona el Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) en Santa Margarita y que ya ha permutado con el Ayuntamiento de Eivissa en el nuevo edificio Es Pla de Vila, ante el derribo proyectado para las antiguas viviendas en el marco del proyecto de remodelación de la ciudad, Eivissa Centre.

De los vecinos de estos seis pisos, sólo uno pudo demostrar hasta el momento ante el juez sus derechos a sobre esta propiedad por lo que podrá acceder al nuevo piso de Joan XXIII. Asimismo, la situación de otro vecino está en vías de «solucionarse», explicaron desde el Ibavi, aunque otro de ellos ya ha tenido que abandonar el edificio porque el juez determinó que no puede demostrar ninguna relación legal con la vivienda.

El resto, los habitantes de los otros tres pisos, «no tienen título de propiedad, escritura o contrato de alquiler, o ningún documento que deje constancia de sus derechos», una situación denominada como «ocupación en precario». Por ello, el caso está ahora en manos del Juzgado y, dependiendo de la decisión judicial, estos vecinos tendrán derecho a acceder a una nueva vivienda o no tendrán opción a nada.

En este sentido, según recordaron desde el Ibavi, se trata de un edificio construido en 1952, que era gestinado por el Instituto Nacional de la Vivienda. «Una herencia y una situación que viene de muy atrás», remarcaron, sobre la forma en la que algunos de estos pisos se vendían o alquilaban y que llega a la actualidad sin papeles que lo acrediten.

Sin embargo, el edificio no podrá ser derribado hasta que el Juzgado resuelva estos tres casos. Es un compromiso que adquirió el Ayuntamiento de Eivissa con el Ibavi, en caso de que el proceso judicial se demore más de lo previsto.

Aún así, la portavoz del Ibavi quiso destacar que si los actuales moradores de esta vivienda no pudieran demostrar su relación con la propiedad, «habrá recursos para ayudarles», pero que este proceso judicial tiene que desarrollarse como tal y llegar a su fin. Asimismo, informó que en todo caso intervendrán los servicios sociales.

«La llave por 500.000 pesetas» es la forma de vender los pisos que tenían antiguamente algunos de los moradores que iban pasando por estas viviendas sociales. Así lo explicó V.R.S, una familiar de tres personas que habitan en Santa Margarita y que corren el riesgo de ser desahuciados si así lo determina el juez. V.R.S, que prefirió no dar a conocer su identidad completa, se quejó de que el Institut Balear de la Vivienda no les haga una oferta para que puedan acceder a las nuevas viviendas. «Son viviendas sociales, si no, ¿para qué las quieren?», se quejó.