Unos por otros y la mole sin tirarEl PTI contempla un plan para derribar estructuras

Lo que parecía más factible era su derribo con el dinero procedente de la ecotasa. Había dinero reservado y se habían iniciado conversaciones con los propietarios, pero finalmente todo quedó en nada. Los papeles desaparecieron (no se sabe qué pasó con ellos), el dinero se gastó en otra cosa y la estructura sigue en pie.

Según han advertido desde el Consell en multitud de ocasiones este edificio es ilegalizable porque está en zona protegida, con lo cual la única solución posible podría ser el derribo. Sin embargo, para eso hace falta acuerdo con los propietarios y dinero. Algo que nadie parece tener.

Desde el Ayuntamiento de Sant Joan tenían intención de convertir la estructura en un establecimiento de talasoterapia y así lo reflejaron en las primeras versiones de sus Normas Subsidiarias. Sin embargo, esta referencia se ha eliminado en el texto final. Según explicó el alcalde, Antoni Marí Marí, Carraca, la solución que se le dé tiene que ser consensuada y conjunta con el Consell y con los propietarios. «Tendremos que tener en cuenta a la propiedad», explicó el primer edil, que indicó que «por el momento» no tiene ninguna solución para este tema porque tirar la estructura costará dinero. Preguntado sobre la legalidad o la ilegalidad de la obra, Marí dice que no queire entrar: «No sé si es legal o ilegal, supongo que en su día tenían licencias y por eso la situación se tiene que estudiar conjuntamente con la Conselleria de Política Territorial».

Tampoco sabe si el coste de la estructura deberían asumirlo los propietarios porque aseguró que el tema es muy complejo jurídicamente. Por el momento están pendientes de aprobar ya el nuevo planeamiento y entonces habrá que «hablar de muchas cosas» con el Consell, entre otras de este tema.

Uno de los principales problemas es el coste y actualmente los presupuestos de las administraciones atraviesan un momento delicado debido a la crisis.

¿Soluciones?

Según los expertos consultados, una de las soluciones podría pasar por caducar la licencia y redactar un proyecto de demolición. El coste de tirarlo deberían asumirlo los propietarios, aunque también podría ser el Ayuntamiento con ayuda de otras instituciones para luego pasarles la factura. La estructura está en una zona afectada por la ley de espacios naturales y la ley de Costas, por lo que es prácticamente imposible legalizarla. El Ayuntamiento de Sant Joan cuenta con otra estructura inacabada en similares circunstancias en es Portitxol.

Hace algún tiempo Consell y Ayuntamiento de Sant Joan comentaron informalmente la cuestión de Cala d'en Serra y al parecer desde la máxima institución insular les asesoraron urbanísticamente sobre el edificio. Sin embargo, no ha habido contactos recientes y por el momento no parece que haya ninguna solución posible a la vista. En cualquier caso, si el Consistorio pidiera ayuda económica al Consell para poder derribar la estructura desde la máxima institución insular indicaron que se podría estudiar.

El Plan Territorial Insular (PTI) contempla la creación de un plan para tirar estructuras inacabadas que se debería dotar económicamente. Sin embargo, nunca se ha llegado a dotar de dinero, tampoco en tiempos del PP. Algo que tampoco parece que se vaya a hacer ahora, cuando las instituciones están sumidas en un importantísimo descenso de ingresos derivado de la crisis económica. De hecho, el Govern ya ha anunciado que tendrá mil millones de euros en ingresos menos y que tendrá que disminuir su presupuesto en 500 millones.