En la imagen, los representantes de los trabajadores. Foto: MARCO TORRES

La dirección de Herbusa y los representantes de los trabajadores rompieron ayer las negociaciones que mantienen para el nuevo convenio laboral y sólo una revisión de las posturas de última hora podrá evitar que a las 00'00 horas del viernes, día 14, se inicie una huelga indefinida en el servicio de recogida de basuras y limpieza en los municipios de Santa Eulària, Sant Joan y Sant Josep.

Después de que en la reunión del pasado viernes ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación de les Illes Balears (Tamib) se produjera un acercamiento de posturas que apuntaba a una posible solución del conflicto antes de la fecha fijada para el paro, el encuentro de ayer en el mismo foro acabó con una ruptura total y con el único rayo de esperanza del compromiso de ambas partes de ponerse en contacto si alguna de ellas reconsideraba su postura.

Cambio de línea

Tras cuatro horas y media de reunión, la secretaria de Acción Sindial de Comisiones Obreras, Annamarie Fussa, declaraba que el encuentro «ha terminado sin acuerdo y no hay fecha prevista para seguir las conversaciones».

«Las posiciones están bastante alejadas después de que hubiera un cambio total de actitud de la empresa», añadió.

En esta misma línea se pronunció el secretario general de USO, Enrique Lorenzo, quien entendía que la única responsable de la ruptura era la dirección de la empresa que quería usar la amenaza de huelga para presionar a los ayuntamientos en que desarrolla su actividad.

«Desde USO entendemos que es una estrategia de negociación con la que se cree un punto de inflexión con el objetivo de llegar al último momento y darnos únicamente unas migajas, haciéndonos creer que son todo un logro», explicó. «No tiene sentido, sólo se entiende si quieren trasladar a los Consistorios los posibles costos que pueda generar la mejora del convenio», añadió.

Respecto a las ofertas planteadas, Lorenzo apuntó que no se propuesieron mejoras «ni en jornada, ni en nada» y que el aumento salarial que se propuso mantenía una revisión anual equivalente al IPC real, «lo que puede ser lo mismo un 1%, que un 3%, que nada».