«En mi vida había visto algo así (las consecuencias de un atentado) y espero no volver a verlo nunca más», afirma la titular del Juzgado de Instrucción 10 de Palma, Carmen Abrines, todavía conmocionada por la barbarie terrorista de ETA en Palmanova, que segó la vida de dos jóvenes guardias civiles, Diego Salvá y Carlos Saénz de Tejada.

La magistrada mallorquina, natural de Binissalem, estaba de guardia el pasado jueves y ella encabezó la comisión judicial que tuvo a su cargo el levantamiento de los cadáveres.

El objeto de esa actuación es asegurar el cuerpo del delito con el fin de que pueda ser estudiado por personal especializado y determinar así, las causas que produjeron la muerte, en este caso, de dos agentes de la Benemérita.

Los jueces, generalmente, no realizan declaraciones públicas. Si tienen algo que decir en una causa concreta, lo comunican a través de sus sentencias.

Juzgado de guardia

Carmen Abrines, no obstante, hizo una excepción ayer al atender brevemente a Ultima Hora en la entrada de los juzgados de Vía Alemania. «Todo lo que pasó fue muy triste», explicó.

«El pasado jueves mi juzgado estaba de guardia y todo transcurría con normalidad hasta que recibimos la llamada telefónica de que debíamos desplazarnos hasta Palmanova. Lo que vimos fue muy impactante. En mi vida había visto algo así y espero no volver a verlo nunca más», subrayó.

La imagen de los cuerpos destrozados de Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada como consecuencia de la deflagración provocada por la bomba-lapa permanecerá durante mucho tiempo en la retina de los integrantes de la comisión judicial.

El Juzgado de Instrucción 10 de Palma centró toda su actividad en el atentado de Palmanova. Por ello, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Terrasa, ordenó que otro juez, Manuel Penalva, titular de Instrucción 11, colaborara en los asuntos rutinarios de ese día y reforzara la guardia.

Desde Madrid se desplazaron el juez y la fiscal de la Audiencia Nacional que estaban de turno el pasado jueves, Fernando Andreu y Blanca Rodrigo, para hacerse cargo de las investigaciones. Fueron los primeros en conocer todos los detalles del primer atentado terrorista con víctimas mortales en Balears.

En caso de que los terroristas fuesen detenidos en Mallorca pasarían a disposición judicial en Palma, en los Juzgados de Vía Alemani, pero serían interrogados por un juez de la Audiencia Nacional que tendría que desplazarse hasta Palma. El último juez de la Audiencia Nacional que viajó hasta la capital balear para interrogar a sospechosos fue Baltasar Garzón en junio de 2008 por la 'operación Troika'.