Las obras podrán evitar la licencia si un técnico del promotor se responsabiliza de su legalidad

La línea en que están trabajando los expertos del Govern se basa en eliminar la necesidad de conseguir una licencia previa, «algo que en muchas ocasiones hace que los promotores se escuden en que tienen permiso del Ayuntamiento para llevar adelante auténticas aberraciones y eludir sus responsabilidades si la actuación es ilegal». «Esto, en ocasiones, hace que los Ayuntamientos se conviertan en aliados de los infractores sólo por cuestiones presupuestarias ya que una condena puede derivarse en la necesidad del Consistorio de tener que afrontar un pago», añadió.

Para evitar este tipo de situaciones, que en Eivissa tendrían como paradigma el caso Cretu, apuntó Aguilò, la principal idea que maneja la Conselleria d'Ordenació del Territori es «no tanto que se mantenga la necesidad de licencia previa como que el promotor pueda iniciar la obra aportando toda la documentación y con un técnico contratado por él que se responsabilice de la legalidad del proyecto».

Experiencia previa

Este sistema es usado ya para los proyectos de instalaciones eléctricas, apunto el director general. «Se hace la inspección de un tercio de los proyectos de forma aleatoria y, desde que se ha puesto en marcha este sistema, se ha reducido mucho la presentación de propuestas con defectos legales», añadió el responsable autonómico, quién indicó que el porcentaje de revisión podría variar y, posiblemente, se dejaría a la libre elección de los municipios «aunque fijaríamos un mínimo».

«El cambio es también una modificación de la actual cultura y resultaría extraño durante una temporada pero, finalmente, se lograría que la gente tuviera una conciencia diferente al ser plenamente responsable de lo que hace», consideró.

Capacidad de control

Aunque la futura normativa no está totalmente perfilada, desde el Govern se apunta que el nuevo sistema de supervisión 'a posteriori' podría convivir con el de licencia previa en función de la capacidad de los municipios para asumir el paso de uno a otro.

«La supresión del permiso anticipado ayudará a la agilización de los procesos administrativos pero debe ir acompañado por el hecho de que la Administración competente demuestre que puede responsabilizarse de la supervisión porque, en experiencias similares de eliminación de la licencia, si no se han efectuado suficientes controles se ha demostrado que el sistema fracasa», afirmó Aguilò. «Cualquier Administración que opte a este nuevo procedimiento deberá demostrar que cuenta con los recursos necesarios de inspección», añadió.

Por último, el directivo de la conselleria matizó que la licencia previa se seguirá necesitando en determinados casos.

El director general mostró ayer sus dudas sobre que la Directiva Europea de Servicios (más conocida como 'Directiva Bolkestein') tenga alguna «incidencia directa en la supresión de la licencia previa para las obras», tal y como apuntaron este jueves los responsables de la Cambra de Comerç tras haber solicitado el dictamen de un letrado del Consejo de Estado.

En opinión de Aguilò, «la construcción no es un servicio en si, por lo que la normativa puede tener una mayor correlación con el uso del suelo y con la tramitación de la licencia de actividad pero no tanto con la de obras».

El directivo de la conselleria añadió que, al no tener una vinculación directa con la normativa de la Comisión Europea, no es preciso realizar el cambio de la Ley del Suelo antes de enero.