La cifra de quejas que los ciudadanos de Eivissa y Formentera presentaron ante el Defensor del Pueblo en 2008 ascendió a 40, lo que representa un 21,2% de aumento respecto al ejercicio anterior. Así se deduce del último informe de esta institución, donde las cuestiones sobre justicia, violencia doméstica y administración económica son las que más quejas suscitaron. Las que menos fueron defensa e interior.
Las reclamaciones registradas por los residentes en las Pitiüses representaron el 11,83% de todas las que se presentaron desde Balears. Así, se contabilizaron ocho quejas relacionadas con justicia y violencia doméstica, seis en administración económica, cinco en sanidad y política social, cinco en ordenación territorial, cinco en educación y cultura, cuatro en función y empleo públicos, cuatro en inmigración y asuntos exteriores y tres en defensa e interior.
Denuncias policiales
Varias ONG de Eivissa han denunciado determinadas prácticas policiales ante el Defensor del Pueblo para que las investigue. En concreto, estas asociaciones aseguran que los cuerpos de seguridad retienen los pasaportes en las dependencias policiales hasta que el extranjero «se persona en las mismas, provisto de billete de avión con destino a su país». En esas denuncias también se indicaba que los efectivos policiales entraban en el domicilio de los extranjeros interceptados en la vía pública, a fin de recoger su pasaporte e iniciar el procedimiento sancionador por estancia irregular. El informe del Defensor del Pueblo señala que se está estudiando la respuesta que han recibido de la Jefatura Superior de Policía de Balears. El Defensor dará cuenta de los resultados de la investigación en 2010.
Sobre inmigración en el apartado de oficinas para extranjeros, se recoge la denuncia de 16 ONG por «problemas de descoordinación y falta de atención a los extranjeros» por parte de la Dirección Insular de la Administración del Estado en Eivissa y de la Comisaría.
Respecto a esta denuncia, el Defensor alertó a la delegación del gobierno en Balears sobre la «arbitrariedad de criterios en la gestión de problemas para recibir notificaciones remitidas desde la oficina de extranjeros de Palma de Mallorca, el incorrecto registro de las solicitudes de autorización de residencia por reagrupación familiar, la escasez de medios humanos y materiales y la insuficiencia de la aplicación informática para grabar las solicitudes y quejas sobre trato descortés». Actualmente se está haciendo un seguimiento sobre el tema.
En el área de sanidad, el informe se hace eco de «la insuficiente dotación de unidades y profesionales» en el ámbito de la salud mental de Eivissa. En una queja se alude a la baja que causaron cuatro especialistas en psiquiatría en diciembre de 2007. Como consecuencia, se suprimieron las consultas clínicas por lo que sólo tres psiquiatras debían atender a aproximadamente a 130.000 personas. Asimismo añade que no existían en Eivissa unidades de «patología dual», «hospitalización breve infanto-juvenil», «terapéutica intensiva», «comunitaria de rehabilitación», «media estancia» y «tratamiento asertivo comunitario», unidades reflejadas en el documento Estrategia de Salud Mental de Balears. La Conselleria de Salut contestó que se promovió la contratación de dos especialistas y que se amplió la jornada laboral de los psiquiatras en activo, además de la creación de algunos servicios más. El Defensor del Pueblo también está investigando de oficio la inexistencia de una unidad de radioterapia en Eivissa.
En materia de medio ambiente sobre protección y conservación de los espacios naturales, flora y fauna, este informe oficial destaca otra queja planteada por «la pasividad» del Ayuntamiento de Formentera en la comprobación material de presuntas infracciones urbanísticas de importantes consecuencias negativas para un entorno de especial valor ambiental. «Pasividad que no ha sido enmendada en ningún momento durante los cinco años de investigación; En ese tiempo, esta administración ha sido incapaz de verificar la existencia de un tendido eléctrico subterráneo, presuntamente construido sin autorizaciones urbanísticas ni ambientales, a través de un bosque mediterráneo muy bien conservado con destrozos en la masa arbórea, zona considerada área natural de especial interés"», destaca el informe.
En el apartado de recordatorio de deberes, se menciona al Ayuntamiento de Sant Joan sobre el deber legal que le impone el ordenamiento jurídico de dictar y notificar en tiempo y forma, resoluciones que atienden al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los ciudadanos de Eivissa han sido los que más quejas han presentado, un total de 26, la mayoría por justicia y violencia doméstica, sanidad y política social e inmigración y asuntos exteriores. Sant Antoni de Portmany fue la segunda localidad que más quejas presentó al Defensor del Pueblo, sobre todo sobre las materias relativas a administración económica, educación y ordenación del territorio. También hubo una queja de Cala de Bou, otra de sa Carroca y una tercera procedente de Santa Eulària.
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