Adiós a las esperanzas del presidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB), Francesc Triay, de que el 'affair Unesco' sean unas nubes pasajeras en su proyecto de ampliación del puerto de Eivissa. Fuentes de la Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas (Unesco, en sus siglas en inglés) han confirmado a este periódico la autenticidad de la decisión del Comité del Patrimonio Mundial desvelada por el GEN y aseguraron que, sea la que sea la celeridad con que los expertos acudan a Vila para estudiar la situación, la decisión sólo podrá llegar dentro de un año.
«Las decisiones del Comité se toman una sola vez al año, en este caso a finales de julio de 2010 en Brasilia», aseguró una portavoz de Unesco. «Esto no hay posibilidad de que sea de otra manera», añadió.
Respecto a la visita de los técnicos de Icomos (órgano asesor en materia cultural y patrimonial) y de UICN (biodiversidad), desde Unesco se señaló que «no se suele facilitar la información de cuándo se producen estas misiones para que los especialistas puedan trabajar de manera independiente y sin interferencias».
Un largo proceso
El año que todavía queda para que se desvele si Unesco considera peligrosa o no la nueva explanada y muelles de es Botafoc sería, en el caso de que la respuesta fuera afirmativa, el inicio de un proceso largo.
«La retirada de un sitio de la Lista del Patrimonio Mundial está contemplada en la Convención, pero es una decisión extrema», añade la portavoz de Unesco. Antes se envían misiones de control, se realizan consultas con el país o se proponen cambios de los planes previstos. Si todo eso falla queda la opción de la exclusión, «pero antes de llegar a una decisión de ese tipo tienen que pasar varios años y realmente las intervenciones tienen que ser un desastre», explica.
Eso sí, como paso previo, Eivissa quedaría inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. «Muchas ciudades lo ven como un castigo, pero no lo es», matizó.
«La Convención del Patrimonio Mundial tampoco defiende sitios anclados en el pasado en los cuáles no pueda haber ningún tipo de evaluación ni adaptación a los tiempos moderno. Los sitios deben de estar al servicio de la población que vive en ellos y no ser una carga que impida su desarrollo», concluyó.
El reproche que el documento de Unesco hacía a España por no haber seguido el procedimiento, se encuentra recogido en el párrafo 172 de las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial.
Dicho artículo reza lo siguiente: «El Comité del Patrimonio Mundial invita a los Estados Partes en la Convención a que informen, a través de la Secretaría, de sus propósitos de iniciar o autorizar, en una zona protegida por la Convención, obras de restauración considerables o nuevas edificaciones que pudieran modificar el Valor Universal Excepcional del bien. En tal caso, la notificación se deberá efectuar lo antes posible (por ejemplo, antes de la redacción de los documentos básicos de proyectos específicos) y antes de que se tomen decisiones difícilmente reversibles, a fin de que el Comité pueda participar en la búsqueda de soluciones adecuadas para garantizar la plena conservación del Valor Universal Excepcional del bien».
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