El plan de saneamiento de Formentera enfrenta a gobierno y oposición

El pleno del Consell de Formentera aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno y en contra de la oposición, el plan de saneamiento económico de la primera institución de la isla.

Al mismo tiempo se aprobó un expediente de modificación presupuestaria para este año que entre ambas medidas comportan una operación crediticia por 4,7 millones de euros. Según el conseller de Economía y Hacienda, Bartomeu Escandell, era imprescindible tomar esta medida para poder «poner los contadores a cero». Para el portavoz del PP, Juanma Costa, «se trata de la hipoteca histórica que nos va a dejar el equipo de gobierno para las próximas legislaturas», señalando además que el incumplimiento de los presupuestos de 2008 ha implicado que hayan gastado 1,3 millones de euros más que los previstos «porque han hecho las cosas a la ligera sin importarles si están haciendo correcta y legalmente las cosas».

En negativos

«El Consell de Formentera se encuentra en una situación remanentes negativos -explicó Escandell-, y eso quiere decir que los anteriores equipos de gobierno del Ayuntamiento, gastaron más de lo que se ingresaba y por eso nos encontramos con unas facturas que hay que pagar». Para determinar la cuantía de la deuda el Consell recogió todas las facturas pendientes de pago y a partir de ahí hay que diferenciar en dos partes, «facturas que no se habían imputado en ningún presupuesto hasta ahora y que suman un total de 2,5 millones de euros y por otro lado están los desequilibrios de la Tesorería del Consell, entre dinero en arcas y liquidez y ello asciende a 2,1 millones de euros y entre ambos asciende la cifra a 4,7 millones». Para el equipo de gobierno del Consell la situación era delicada y lo que había que hacer es lo que ahora se propone «si alguien debe, ha de pagar y para hacerlo o trabaja más o pide un crédito y paga; hasta ahora los anteriores equipos de gobierno habían escurrido el bulto».

Contadores a cero

La operación crediticia obliga al Consell a hacer un plan de saneamiento económico de las cuentas y «dejar los contadores a cero y comenzar a trabajar como corresponde sin deber ni un euro a nadie y paralelamente obliga al Consell a apretarse el cinturón en los próximo seis años para ir saldando la deuda bancaria. Escandell señaló que aunque la oposición votó en contra del plan, en el caso de la modificación presupuestaria simplemente se abstuvo «ya que reconoce implícitamente la deuda existente desde hace años y que es, sobre todo en tiempos de crisis, pagara a los proveedores y dar liquidez a las empresas afectadas».

El pleno aprobó por unanimidad, ya se habían pactado todos los detalles en reuniones anteriores, la creación de la Comisión de Ordenación Turística, e igualmente por unanimidad la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de Ocupación de Terrenos Públicos.

La Savina

Por su parte el GUIF consiguió la aprobación de una moción relativa al horario del parking de la Savina con el compromiso dado por el presidente del Consell, Jasume Ferrer, de negociar con la Autoritat Portuària de Balears que el parking pueda estar abierto hasta las dos de la madrugada en lugar de hasta las once de la noche como en la actualidad.

El PP pretendía que el Consell de Formentera con la colaboración del Govern balear se hiciera cargo del pago avanzado de los desperfectos provocados por los tres grandes cortes de suministro eléctrico sufridos en Formentera en el mes de marzo, de junio y hace pocos días y que posteriormente reclamara esas cantidades a GESA. El conseller Mayans, responsable en el área deEnergía lo dejó claró "el real Decreto 1955 de 2000 del Gobierno Central, cuando gobernaba José María Aznar permitía que las eléctricas tuvieran hasta un total de 20 paradas no programadas anuales y que si además no llegaban hasta las 16 horas, no había nada a reclamar y por tanto nada a indemnizar", por loq ue Mayans aseguró que tal y como indica el mencionado Real Decreto, la única opción para los afectados es recurrir a la justicia ordinaria. Fue un Real Decreto, dijo Mayans, que lo único que hacía era exonerar a las eléctricas de pagar por sus fallos.