El Govern rebaja hasta los 50.000 m2 la extensión del políogno de ses Païsses

La estimación que maneja este departamento del Govern «tendría que definirse todavía en una cifra concreta pero se basa en las conversaciones que hemos mantenido con los empresarios de Sant Antoni. «Nos hemos reunido con ellos a petición de este colectivo y nos han hecho llegar que consideran desproporcionado el plan inicial respecto a las necesidades de sus empresas», añadió.

Según defendió el responsable del IDI, «los polígonos con terreno público tratan de satisfacer las necesidades de las empresas y no lograr un beneficio económico, como en el caso de los privados». «En este caso, no es conveniente crear un macropolígono sino que hay que hacer un uso más racional, con un planteamiento en el que no se contemplan los usos de todo tipo que prevé el proyecto actual», amplió.

Sin uso comercial

Las aplicaciones que debería tener este terreno sería el puramente industrial «o el de el comercio al por mayor de negocios que precisan de mucho espacio, como la venta de material de construcción o los concesionarios de automóviles, así como otras excepciones que marca la ley». En este sentido, el responsable de gestionar el suelo industrial público avanzó que «sabemos que existe la necesidad de una marina seca en Sant Antoni que podría caber en este espacio».

Según Pujol, «lo que está claro es que no se puede usar terreno industrial para construir espacios del tipo 'centro comercial', lo que pondría en riesgo a las pequeñas tiendas del municipio».

Respecto a la situación del proyecto, el gerente del IDI apunta que está en manos del Ayuntamiento de Sant Antoni y que, posteriormente, deberá recibir la declaración de impacto ambiental, si bien toda esta tramitación hará que «sea un proyecto para la próxima legislatura».

Otro motivo de retraso es el problema del suministro energético a la zona. «Tenemos previsto invertir unos 6 millones en la urbanización del polígono y dotarlo de una subestación eléctrica para garantizar la cobertura ya costaría eso y deberíamos asumirlo nosotros», explicó. «Se están buscando fórmulas para que GESA la construya y luego se le compense de alguna forma», concluyó.

El IDI también se encuentra en conversaciones para implantar en Formentera una denominada 'área de servicios'. «Formentera es un caso complejo y allí estamos en tratos para crear un espacio donde se ordenen algunas actividades económicas que ahora están dispersas por la Isla. No es tanto un polígono industrial puro como un 'área de servicios'», explicó Pujol.

Esta intervención se encuentra todavía en una fase muy temprana y es difícil que se pueda concretar antes de la próxima legislatura. «El Consell de Formentera nos instó para ver si estábamos en disposición de hacer una actuación de este tipo y contestamos afirmativamente. Ahora son ellos los que nos deben decir dónde permite esas industrias su planeamiento urbano y, a partir de aquí, gestionar el traspaso de estos terrenos para que podamos redactar el proyecto, conseguir los permisos y realizar toda la tramitación», explicó.

La crisis económica también está llegando al suelo industrial, algo que se plasma en las dificultades de las empresas (especialmente pymes) para conseguir terreno a buen precio, pero que también se está traduciendo en «ofertas a la Administración de terrenos en condiciones que hace unos años eran impensables», explicó Pujol. «En Santa Eulària, por ejemplo, estamos en conversaciones con un particular que tiene un terreno industrial y lo quiere vender. No es una situación única. La crisis está llevando a propietarios a ofrecernos parcelas directamente a precios más bajos que los de mercado, algo hace poco inimaginable», aseguró el gerente del IDI. La explicación iría desde «las dificultades que tienen algunos propietarios de terreno para conseguir financiación para un proyecto, hasta quienes buscan una venta más rápida y segura con la Administración, aunque ganen menos», apuntó. En cuanto a los problemas para solucionar el problema de acceso al terreno por las industrias, Pujol destacó que «el IDI trabaja para conseguir ofrecer terrenos a 300 o 350 euros el metro cuadrado, cuando el precio en el mercado ronda los 700, pero para eso necesitamos lograr terreno barato de los ayuntamientos o particulares».