Fiscalía insiste en que el ex alcalde prevaricó al dar permisos en ses Torres con un PDSU ilegal

El Ministerio Público recuerda que tanto el ex alcalde como el ex teniente de alcalde Vicent Riera, el ex asesor jurídico José Mª Roig Vich y el aparejador municipal Vicent Marí continuaron aplicando esa normativa urbanística «sobre la base de un informe a la carta» elaborado por Roig Vich, concediendo licencias y aprobando proyectos «sobre la base de una norma nula de pleno derecho». Y todo ello, «a sabiendas» de que esa norma era nula. «Esto es prevaricar», recuerda Fiscalía.

Desde el ministerio público consideran que no hay más vueltas que darle al tema a pesar de que la jueza entienda que haya dudas respecto a la interpretación de la sentencia. «No hay dudas, la propia juzgadora considera probado que la sentencia considera nulo de pleno derecho el PDSU», aseguran.

Otro dato clave, según Fiscalía, es que el Ayuntamiento se vio obligado a aprobar poco después un nuevo planeamiento urbanístico para sustituir el PDSU, lo que indica que era inservible e ilegal. Por ello, concluye que todas las actuaciones realizadas por los acusados son «ilegales».

Para el ministerio público, los actos de los acusados también son «injustos» y «no están fundados jurídicamente». En este punto recuerdan que el Consell instó al Ayuntamiento a que no aplicara el PDSU, además de que la oposición recurrió varias licencias aprobadas según el PDSU y se obtuvieron suspensiones cautelares. También recuerda los numerosos requerimientos que hizo la oposición y el Consell al equipo de gobierno, pero la única respuesta fue el «silencio». «¿Es esto una argumentación jurídicamente razonable tal y como afirma la juzgadora en la sentencia? No, pero un no rotundo, no hay ninguna justificación para actuar como lo hicieron», asegura el fiscal, que cree que no es «lógico» ni admisible que si tantas dudas había sobre el PDSU se siguieran dando licencias. «Se ha tratado de eludir la legalidad vigente».

El fiscal considera que los acusados no pueden alegar desconocimiento, tal y como refleja la jueza en su sentencia, donde dice que Vicent Guasch no sabía de derecho ni de urbanismo. «Todos los acusados conocían la ilegalidad del PDSU y así se desprende de sus declaraciones», dice Fiscalía. Por todo ello, los actos los realizaron «a sabiendas de su injusticia». También recuerda que Roig Vich aconsejó a Guasch no anular las licencias concedidas para evitar indemnizaciones. «¿Dónde está el desconocimiento alegado por la juzgadora?», se pregunta Fiscalía, que cree que el ex asesor jurídico es «sujeto activo del delito», así como el aparejador. Para el Ministerio Público, los únicos que provocaron «confusión y caos» tras la sentencia fueron los acusados, que «trataron de acomodar la normativa urbanística» a lo que «les interesaba». «No se puede pretender, como hace la juzgadora, hacer ver que no entendían de urbanismo».

Esquerra Unida, que actuaba en este caso como acusación popular, presentó ayer un recurso porque la jueza le condenó a pagar las costas por considerar que actuaron de «mala fe» al acusar a la ex arquitecta municipal y al promotor. Desde EU creen que la jueza aplicó «indebidamente» la ley porque el Código Penal no habla de condenar a costas a la acusación popular, sino sólo a los criminalmente responsables de un delito o falta.También indican que la doctrina del Supremo no aconseja este tipo de condenas y creen que la acusación de «temeridad y mala fe» es «radicalmente injusta» y «dolorosa» porque sólo intentaban «defender los intereses colectivos». Además, creen que esta sentencia abre un «precedente muy peligroso» porque «lanza el mensaje» de que «más vale dejar hacer a los gestores públicos o especuladores urbanísticos».

La Fiscalía también cree que es «desmesurado» que la jueza condenara a Esquerra Unida. Desde Fiscalía recuerdan que no acusaron a estas dos personas porque los indicios de criminalidad no eran suficientes, pero recuerdan que no era «temerario» porque el propio juez instructor los consideró como posibles autores del delito.