Mañana entra en vigor la liberalización del sector eléctrico español sin que el Gobierno haya anunciado por el momento cuál será la tarifa de último recurso, aquella a la que se acogerán los ciudadanos que no realicen voluntariamente un cambio de suministrador y que tengan una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (Kw).
Según explicó ayer la consellera de Comerç, Indústria i Energia, Francesca Vives, en esta situación «no se puede negociar con las empresas en el mercado libre porque no sabes qué precio te ofrecerán», al no existir la mínima establecida por el Gobierno, por lo que pidió a los ciudadanos «prudencia y que se informen bien antes de elegir» compañía de suministro.
Quienes no lo hagan y tengan 10Kw de potencia contratada, pasarán a ser gestionados por una filial del GESA-Endesa, Endesa Energía XXI de forma automática, sin necesidad de realizar gestión alguna ni coste alguno, donde serán facturados según la tarifa de último recurso que el Estado debería dar a conocer en los próximos días y que será el «punto de partida» de las que aprueben las 13 empresas que operan en Balears, de entre las 20 existentes.
Vives se mostró crítica con el Gobierno y aseguró que «falta mucha información» en relación a este importante cambio en el consumo y, en ese sentido, aseguró haber «echado en falta» una campaña al estilo de la que se realiza sobre la TDT. En los próximos días planteará sus quejas al secretario de Estado de Energía.
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