La Cambra de Comerç de las Pitiüses formalizó a primera hora de la mañana de ayer la denuncia contra la consellera del sector del Govern, Francesca Vives, fruto del conflicto abierto desde hace casi tres años por la separación de la entidad cameral de Eivissa y Formentera de la de Mallorca.
A primera hora de la mañana se daba registro de entrada de la querella en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) por la supuesta comisión de los delitos de Prevaricación y Falsedad.
Según la acusación formulada desde la corporación cameral pitiusa, Vives podría ser condenada a entre siete y 10 años de inhabilitación por tomar decisiones injustas como cargo público a sabiendas de que lo son (a lo que corresponde la prevaricación). Igualmente, se le imputa una supuesta falsedad en la tramitación de algunos elementos del expediente de segregación de la Cambra que le podrían acarrear hasta seis años más de prohibición de acceso a cargo público y, lo que es más importante, podrían suponer su ingreso en prisión por un periodo de tres a seis años.
La argumentación para imputarle a Vives el supuesto delito de falsedad se centra «en algunos de los informes que se han elaborado a petición de la conselleria para justificar su decisión», explicó la responsable de la Secretaría Técnica de la Cambra, Dolores Tur.
Procedimiento irregular
Respecto a la prevaricación, el motivo de la denuncia es que Vives presuntamente no ha seguido lo que la ley dictamina para este procedimiento administrativo. «La querella no entra a discutir si la tasación de los bienes de Mallorca es correcta o no, si no que entendemos que la prevaricación se produce por la falta de respeto al proceso administrativo proque se saltan todo el procedimiento y la orden que firma Vives es exáctamente igual que la que teníamos antes de que el Consejo Consultivo dictaminara que la tasación realizada a precio de reposición no era correcta y había que hacerla a precio de mercado», explicó Tur.
«Esto evidencia la mala fe que ha presidido su actuación, su interés en cerrar rápidamente el expediente intentando favorecer a una de las partes. Ella sabe perfectamente que no es justo, porque se le ha advertido varias veces, que no está obrando a derecho. Eso que ella ha calificado de insultos y amenazas por nuestra parte no eran más que nuestros escritos avisándole que lo que hacía no se ajustaba a derecho», añadió.
Otras incorrecciones serían apoyar su decisión en una reunión de la Comisión Liquidadora del patrimonio de las cámaras que estaba impugnada por la entidad pitiusa (y que estos sostienen que no podía celebrarse), no dar posibilidad a Eivissa y Formentera a presentar alegaciones ono incluir en el reparto de bienes la parte proporcional del valor de los bienes muebles de la Cambra de Mallorca (muebles, elementos informáticos, cuadros y libros, entre otros).
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